Confía en que el Gobierno se dé cuenta de que el estado de la justicia anterior a la huelga ya era "catastrófico"
PALMA DE MALLORCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CSI-CSIF y STAJ acordaron hoy desconvocar la huelga de Justicia tras dos meses de paro indefinido, después de que los trabajadores manifestaran en referéndum su deseo de volver a los puestos de trabajo al aceptar el acuerdo alcanzado ayer entre sindicatos y el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, quien ofreció un incremento salarial de 190 euros mensuales, de los cuales 160 euros se harán efectivos este mismo año.
Este acuerdo fue ratificado ayer por los sindicatos UGT y CCOO, quienes justificaron su apoyo al mismo a la necesidad de dar solución a un conflicto que estaba perjudicando de forma muy importante a los ciudadanos. Sin embargo, CSI-CSIF y STAJ decidieron mantener la huelga a la espera de someter hoy en referéndum el acuerdo alcanzado con el ministro y, en función de lo expresado por los trabajadores, suscribir el texto.
Esta mañana un total de 333 trabajadores de los organismos de justicia de Baleares acudieron a votar, de los que 299 lo hicieron favorablemente (89,7%), frente a 27 (8,10%) que se mostraron contrarios a finalizar la huelga y siete 2,1%) votaron en blanco.
De esta manera, hoy se pone fin a dos meses de huelga en las dependencias de la administración de justicia de las islas, que ha ocasionado "graves retrasos", y que, según aseguró el presidente del sindicato CSI-CSIF en Baleares, Andrés Bou, los funcionarios se han comprometido a "devolver la normalidad" el primer trimestre de 2009. Para ello, señaló, será necesaria la "buena voluntad de los trabajadores y la efectividad de los planes de actuación previstos".
Bou se mostró muy satisfecho con el resultado de la votación, auque lamentó que la huelga haya acabado con un sabor sabor agridulce porque dos sindicatos, UGT y CCOO, firmaron el acuerdo "de forma precipitada y sin sentido" al no consultarlo a los trabajadores. Recordó que la plataforma sindical, de la que ellos formaban parte, se comprometió a que los trabajadores debían poder decidir si la huelga debía finalizar.
"MEJORA SUSTANCIAL"
Pese a ello, el representante de CSI-CSIF en las islas expresó su satisfacción por los términos del acuerdo, que mejoran "sustancialmente y cualitativamente" la oferta (propuesta por Bermejo) la semana pasada. "Por fin el ministro se ha sentado en la mesa y se ha puesto un poco de cordura a esta historia", expresó Bou, para quien "no se debía de haber llegado a esta situación".
En su opinión, "por culpa del ministro" la huelga se ha prolongado más de lo necesario, dando lugar a una situación "gravísima" en las administraciones de justicia de las comunidades que han secundado la huelga. Por ello, prosiguió, lo más preocupante no ha sido la huelga en sí, sino "el día después", especificó. "Los juzgados están completamente desolados", aseveró.
RETRASOS HASTA MARZO DE 2009
Por esta razón, los sindicatos se han comprometido a devolver la normalidad en las dependencias judiciales el primer trimestre de 2009, y para ello, remarcó Bou, será necesario el trabajo exhaustivo de los trabajadores y, sobre todo, los planes de actuación. Estos planes consisten en un plus añadido al aumento salarial conseguido con el acuerdo para que los funcionarios puedan "poner al día" los temas pendientes. El plus se hará efectivo durante tres meses, prorrogable a seis.
Sin embargo, Bou fue muy claro a la hora de advertir que a lo que se han comprometido los sindicatos es a "trabajar duro" para sacar el trabajo acumulado, de manera que se llegue a la situación anterior al 4 de febrero, cuando el estado de la Justicia era ya "catastrófico". "Antes estaba mal y ahora está pésimamente mal", remachó Bou.
En este punto, opinó que si bien la huelga ha tenido un efecto negativo "para el mismo huelguista, el ciudadano y el servicio público", debería haber servido "como toque de atención" para que los políticos "abran los ojos" y vean "cómo está la justicia". "Ahora sería el momento de que el Gobierno fuera valiente y decidiera poner coherencia al sistema judicial", resaltó Bou.
En su opinión, lo que es "muy injusto es que los ciudadanos de Baleares paguen unos impuestos elevados y tengan unas dependencias judiciales de un país del tercer mundo". Esto sucede porque no hay interés político en reformar el sistema y sólo hay dinero para lo que quieren", apostilló.
