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También estaban citados Miquel Nadal y Francesc Buils, pero su declaración ha sido pospuesta al próximo martes
PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El expropietario de la productora Vídeo U Miquel Oliver, quien este viernes ha declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, ha negado que se malversaran fondos públicos con motivo de la instalación, en el aeropuerto de la capital balear, de unos vídeos promocionales de los pueblos de Mallorca, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Oliver estaba citado junto a los exconsellers de Turismo del Govern y exaltos cargos del Consell de Mallorca Miquel Nadal y Francesc Buils, quienes han sido conducidos hasta los Juzgados de Vía Alemania desde la cárcel de Palma, donde cumplen condena por otras causas de corrupción. No obstante, la comparecencia de ambos ha sido finalmente suspendida y pospuesta para el próximo martes.
En su declaración, Oliver ha recordado que Vídeo U -que, según otra causa, la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar y el propio Nadal controlaban mediante testaferros- fue subcontratada por otra mercantil, Minser, que fue la que resultó adjudicataria de un negociado sin publicidad para la colocación de los vídeos por el que percibió, de forma presuntamente irregular, 22.000 euros públicos.
Según ha manifestado, tenía constancia por terceros de que Nadal fue quien indicó que fuese contratada Vídeo U pero, como ésta no tenía la clasificación técnica suficiente para optar al negociado, fue finalmente subcontratada por la empresa que sí se hizo con la concesión. En cualquier caso, el encausado ha asegurado que los trabajos se llevaron a cabo y de forma correcta, negando así que se produjese un desvío de fondos con la contratación.
La Fiscalía Anticorrupción investiga en este contexto el hecho de que en el negociado las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo, Minser, que de la docena de vídeos que debían proyectarse en el aeropuerto de Son Sant Joan finalmente se visionaran siete, y que la duración de varios de ellos fuera más corta que la exigida en el pliego de condiciones del contrato.
Recientemente fueron interrogadas por estos hechos la exdirectora insular Turismo Melchora Gómez; la exsecretaria técnica del departamento de Economía y Turismo, Isabel Monjo, y la exécnica administrativa general de Presidencia, Maria Antònia Escanellas, quienes aseguraron que los trabajos por los que fueron pagados los fondos se llevaron a cabo.
Asimismo, alegaron que ellas no eran las encargadas de elegir las empresas que debían presentarse al concurso y que desconocían que las tres mercantiles pertenecieran al mismo conglomerado empresarial. Sí recordaron que se trata de sociedades que habitualmente proveían al Consell en materia tecnológica y que presentaban el perfil adecuado para la realización del trabajo en cuestión.
CONTRATACIONES INVESTIGADAS
El presunto amaño de este negociado se investiga junto a otras dos contrataciones cuya adjudicación global asciende a un total de 82.000 euros. Unos hechos por los que en mayo de 2012 fueron detenidos el los dos exsocios de Minser Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, quienes ingresaron en prisión sin fianza. Un mes después, los imputados fueron puestos en libertad.
Cabe recordar que durante su declaración ante la magistrada de guardia que decretó su ingreso en la cárcel, Escuer y Rivas, asistidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, defendieron que los trabajos para los que resultaron adjudicatarios se llevaron a cabo, por lo que negaron cualquier tipo de irregularidad en su tramitación.
LOS EXSOCIOS DE MINSER DEFIENDEN LA UTILIDAD DE LOS TRABAJOS
Mientras tanto, Escuer apuntó a Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica de Nadal, como la persona que le indicó que presentase su oferta a los tres negociados y recordó que a las convocatorias concurrieron otras dos mercantiles, tal y como establece la Ley de Contratos con la Administración Pública -que al menos tres empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato concurran al negociado-.
Sin embargo, las pesquisas apuntan al supuesto amaño de los tres expedientes adjudicados a Minser y al pago por parte del Consell por distintos informes de los que, según la Fiscalía Anticorrupción, no hay constancia alguna. Ante esto, las defensas de los imputados aportaron copia de los estudios llevados a cabo con el dinero del Consell para probar la utilidad que se le dio a los pagos.
MUNAR Y NADAL, CONDENADOS POR BENEFICIAR A VÍDEO U
Por su parte, Eugenia Cañellas, quien ya en el marco de otra causa apuntó que empresas proveedoras pagaron, con dinero público procedente del Consell, a agentes electorales de UM durante la campaña previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, señaló en este caso que ella no se encargaba de las contrataciones.
Se da la circunstancia de que tanto Munar como Nadal fueron condenados a cinco años y medio y a dos años y siete meses de prisión, respectivamente, a raíz del desvío de dos subvenciones públicas de 240.000 euros a Vídeo U cuando ambos la controlaban a través de 'hombres de paja'. Tal y como se consideró probado, ambos urdieron la trama con el objetivo de defraudar a la Administración.
