PALMA DE MALLORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio Turisme Jove del anterior Govern del PP, Francisco Gosálbez, se acogió hoy a su derecho a no declarar ante el juez en torno a su presunta implicación en la trama de corrupción en el Consorcio Turisme Jove, y por la que permanece detenido desde el pasado lunes.
Gosálbez compareció ante el juez de instrucción número ocho, Antonio Rotger, que se encontraba de guardia, desde las 10:30 a las 11:11 horas. Durante este tiempo, el magistrado le formuló sendas preguntas en torno a su participación en el caso, pero éste eludió realizar ninguna declaración.
A diferencia del anterior, el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, quien también pasó esta mañana a disposición judicial, hizo una declaración "amplia, detallada, y explicando todos los motivos por los cuales considera que su culpabilidad es ninguna".
Así lo aseguró a la prensa el abogado de Amengual, Bartomeu Vidal, quien señaló que las declaraciones continuarán a partir de las 17:00 horas con el interrogatorio a la ex pareja de Gosálbez, Maria Auxiliadora Pérez, la tercera detenida que esta mañana fue trasladada desde los calabozos de la Policía Nacional hasta los juzgados de la Vía Alemania.
Ella fue la única que no declaró ante el juez esta mañana, y lo hará por la tarde. Según informó su abogada, Francisca Pol, a las puertas de los juzgados, Maria Auxiliadora Pérez se ratificará en las declaraciones que realizó ante la Policía, en las que aseguró sentirse "totalmente engañada" por su ex pareja, pero admitió haber firmado documentos falsos.
En estos momentos, Gosálbez, Amengual y Pérez se encuentran en los calabozos de los Juzgados de Vía Alemania a la espera de que el magistrado llame a declarar a esta última, y será después cuando decida adoptar medidas cautelares contra ellos, en las que cabe la prisión preventiva por la gravedad de los delitos que se les imputan.
El Ministerio Fiscal, representado por los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, acusa a los imputados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos públicos y negociación prohibida para funcionarios.