El Govern confía en que en la práctica los requisitos 'verdes' para acceder a fondos de la PAC se mantengan

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern confía en que a pesar de que la Comisión Europea apueste por una relajación de los requisitos ambientales que deben cumplir las explotaciones agrícolas para acceder a financiación de la Política Agraria Común (PAC), estos llamados requisitos 'verdes', en la práctica, se mantengan como hasta ahora y se programen acciones por el mismo nivel que el actual.

"Estoy seguro de que, por cómo se computan las cosas y por cómo se establecen las medidas, el porcentaje de presupuesto destinado a medio ambiente y clima más o menos se mantenga en los mismos niveles que hasta ahora, porque al final hay cosas que hacemos que no las vamos a dejar de hacer", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el director de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández.

Fernández ha puesto como ejemplo de estas prácticas medidas de conservación de razas autóctonas o variedades locales, iniciativas de agricultura ecológica o medidas de gestión forestal.

El director general se ha pronunciado de este modo después de que el pleno del Parlamento Europeo haya respaldado recientemente la propuesta de la Comisión Europea para relajar los requisitos ambientales que deben cumplir las explotaciones agrícolas para acceder a financiación de la Política Agraria Común (PAC), una flexibilidad que Bruselas defiende que puede ayudarles a aliviar la carga burocrática.

En el texto adoptado por 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados piden más flexibilidad y apoyo a los agricultores para que cumplan las normas vigentes de la política agrícola común (PAC).

Fernando Fernández ha recordado que la propuesta de reforma de la PAC, que no gusta "en absoluto" a Baleares por el recorte presupuestario y por el establecimiento de una "difícil gobernanza", forma parte de una remodelación profunda de todas las políticas europeas.

NO HAY SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En relación a la propuesta de la Comisión que ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo, lo que sí ha rechazado Fernández es que los cambios planteados vayan a suponer una simplificación administrativa, previsión que el director general ha calificado de "indignante".

"Ahora como país tenemos que presentar un único documento cada vez que tenemos que proponer un cambio a la Comisión. Eso significa que las 17 comunidades autónomas más un ministerio cada vez que queremos modificar algo tenemos que hacerlo conjuntamente", ha explicado.

Además, ha subrayado, hay un mecanismo de control de cumplimiento de objetivos e indicadores que es "muy complejo".

El director general sí que ve con buenos ojos que con los cambios propuestos se entienda de partida que las explotaciones de agricultura ecológica cumplen con los requisitos ambientales, algo que hasta ahora no sucedía "y obligaba a controles absurdos".

En este sentido, la propuesta considera automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen algunos de los requisitos medioambientales de la UE para recibir financiación.

Para que más agricultores puedan recibir apoyo en caso de pérdida de ingresos o de una parte de su producción debido a riesgos ajenos a su control, los eurodiputados también proponen reducir el umbral para que estos puedan acceder a fondos de los gobiernos nacionales para cubrir las primas de seguros. Así, proponen un umbral de al menos el 15% de la producción o los ingresos anuales promedio perdidos, en comparación con el 20% propuesto por la Comisión.

Preguntado por esta cuestión, Fernández ha llamado la atención sobre la dificultad en algunas ocasiones de llegar a cuantificar los daños y alcanzar los límites para que los gobiernos nacionales puedan cubrir las primas de seguros, por lo que se ha mostrado favorable a una reducción de los porcentajes que permita demostrar las pérdidas derivadas de una crisis o una catástrofe. El director general ha celebrado igualmente que el fondo de reserva de crisis se duplique.

La Eurocámara también propone aumentar los límites máximos para el apoyo a los pequeños agricultores con un pago anual de hasta 5.000 euros --en lugar de los 2.500 euros propuestos por la Comisión-- y un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, en lugar de los 50.000 propuestos.