El Govern cree que el catalán es "una cuestión clave" en la integración de migrantes, pero rechaza que sea requisito

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha subrayado que el conocimiento de las lenguas cooficiales en Baleares es "una cuestión clave" para la integración de las personas migrantes, aunque ha rechazado que tenga que ser un requisito para obtener la residencia legal.

En declaraciones a los medios después del Consell de Govern, el portavoz ha indicado que el conocimiento del catalán es "una característica a tener en cuenta".

"Me permitirán que no me anticipe a lo que pueda hacer el Govern en un año en cuanto a la renovación del permiso de residencia", ha dicho.

Igualmente, el Govern ha presentado un conjunto de alegaciones al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes, en las que rechaza la medida y solicita la retirada inmediata del texto.

Entre sus argumentos, el Govern considera improcedente la tramitación urgente del decreto, ya que la iniciativa era conocida desde hace tiempo y no responde a circunstancias sobrevenidas que justifiquen la reducción de trámites y garantías.

Igualmente, apunta que una medida de esta elevada trascendencia debe permitir la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente, algo que a su entender no se ha producido.

Por otro lado, el Ejecutivo balear alerta de la "ausencia de datos fiables" sobre el número real de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permita evaluar su impacto.

Según las alegaciones presentadas, el elevado número de personas en situación irregular es consecuencia de un sistema migratorio que ha dificultado las vías legales de entrada y regularización ordinaria y, por ello, considera que la solución debe pasar por reformar estos mecanismos.

Asimismo, las alegaciones señalan deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales y en los mecanismos de verificación de la documentación aportada, así como la ausencia de una evaluación individualizada y de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico.

Esto podría generar, según el Govern, situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.