PALMA DE MALLORCA 14 Feb. (EUROPA PRESS) - -
La Junta de Jueces de Palma ha acordado por unanimidad cumplir con la carga mínima de causas asignadas, como medida de presión para exigir al Ministerio de Justicia que cumpla con sus promesas en materia salarial, lo que se traducirá en una mayor demora en la celebración de juicios en la capital balear.
De esta forma, los 56 jueces de Palma se adhieren a la propuesta que este sentido se ha realizado desde la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), formada por cuatro asociaciones judiciales -- Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, como protesta por la congelación de sus salarios.
Así los señaló hoy en rueda de prensa, el Juez Decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, quien admitió que el acuerdo puede incidir "en que en determinados Juzgado, que acumulan más carga de trabajo, los expedientes se vayan demorando más en el tiempo, con el evidente perjuicio que ello conlleva para los ciudadanos".
Las asociaciones proponen que ningún juez sobrepase el cien por cien del trabajo asignado en los denominados módulos -mínimo de causas que debe revolver al año cada órgano, a partir de las cuales cobran una retribución extra-. La Junta de Jueces de Palma acordó asimismo limitar el trabajo el 81 por ciento de los casos.
La CIP critica, a través de un comunicado que fue leído por el Juez Decano, "la congelación salarial sufrida por la imposición del Ministerio", y añade que "no están dispuestos a seguir cumpliendo eternamente con nuestro esfuerzo las deficiencias estructurales que padece la Administración de Justicia".
"No se puede tener un servicio de primera, con sueldos medios de tercera. Todo esto se reconduce a un problema económico", apuntó al respecto Martínez Espinosa, quien aseguró que es "casual" que sus reivindicaciones coincidan en el tiempo con la huelga de funcionarios de Justicia que se desarrolla ha nivel nacional.
El partido judicial de Palma es el primero de Baleares que se adhiere a esta propuesta a la que ya se han sumado los magistrados de las comunidades de Madrid, Sevilla y Cáceres.