La ley para impedir que condenados por acoso puedan ejercer como docentes comienza a andar en el Parlament

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha dado luz verde a tomar en consideración una proposición de ley del PP para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o cualquier otra profesión que implique contacto con menores.

La proposición de ley ha contado con 50 votos favorables de todos los grupos y tres abstenciones de Vox.

La iniciativa propone una reforma de la ley 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia, conocida como Lopivi, que, en caso de aprobarse definitivamente en la Cámara balear, se trasladará al Congreso para su validación definitiva.

En concreto, plantea ampliar las causas de inhabilitación automática para ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.

Actualmente, estas inhabilitaciones se centran en delitos sexuales y tráfico de seres humanos. Así, la iniciativa propone incluir también delitos de acoso a menores, maltrato y de odio.

La diputada del PP Marga Durán, que ha defendido la iniciativa, ha subrayado la importancia de garantizar a las familias la seguridad de sus hijos.

La propuesta llega al pleno meses después del caso de un profesor condenado en Son Sardina, cuyo regreso al centro educativo al inicio del curso originó quejas por parte de las familias. No obstante, Durán ha afirmado que la ley no surge por un caso concreto, sino que responde a la necesidad de proteger a los menores.

Según el PP, la normativa vigente deja a la Conselleria de Educación y a los centros educativos "con las manos atadas y sin capacidad de actuar con la contundencia que la situación requiere".

"Hacemos un llamamiento a todos los grupos a la responsabilidad compartida, a enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que en aquello que afecta a la seguridad de los menores somos capaces de ir todos juntos", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado su voluntad de consenso para concretar jurídicamente la propuesta con otros grupos parlamentarios y acordar "la mejor redacción posible".

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha coincidido en que existe un vacío legal que "es importante subsanar apara dar seguridad a los menores y a sus familias". No obstante, la socialista ha considerado que el PP hace la propuesta para "quedar bien".

Desde MÉS per Mallorca han apoyado también la necesidad de introducir este cambio legislativo. Para la ecosoberanista Maria Ramon, "es bueno y necesario" ampliar a los delitos de odio y agresiones a los requisitos para impedir el ejercicio de profesiones con niños.

En esta línea se ha pronunciado la menorquinista Joana Gomila, quien ha valorado que la iniciativa busca "reforzar la seguridad de los menores y contribuir a prevenir conductas abusivas o delictivas".

Igualmente, Gomila ha confiado en que la ley reciba los votos necesarios de PP y PSOE en el Congreso. También ha mostrado su apoyo el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha considerado que "los menores deben ser especialmente protegidos".

El único grupo que no ha apoyado la toma en consideración ha sido Vox, que se ha abstenido al considerar que la ampliación de los delitos se tendría que hacer "mediante un enfoque completo" y no de forma "parcial", que es lo que, a su entender, sucede con esta propuesta.

Así, la diputada de Vox Manuela Cañadas ha cuestionado por qué se dejan fuera determinados delitos, como los relacionados con el terrorismo.