Mateo niega conocer la propiedad de suelos ante las acusaciones del PSIB: "Y quiero seguir sin saberlo"

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha negado conocer la propiedad de ninguno de los suelos urbanos y urbanizables de Baleares y ha afirmado que quiere "seguir sin saberlo".

Así se ha defendido de las acusaciones de la diputada socialista Mercedes Garrido durante una interpelación sobre política general en materia de vivienda que ha tenido lugar durante el pleno de este martes.

"Cuando habla de hacer favores a mis amigos y hacer reuniones privadas con promotores, francamente no estoy en absoluto de acuerdo. Vuelvo a insistir, desconocía, desconozco y desconoceré la propiedad de ninguno de los suelos urbanos y urbanizables de Baleares, y quiero seguir sin saberlo", ha dicho al comienzo de su intervención.

Garrido, por su parte, se ha interesado en conocer los motivos por los que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, dijo la semana pasada que tendría que acudir a las reuniones con el Govern "con una grabadora".

La líder los de Santiago Abascal justificó sus palabras alegando un supuesto pacto alcanzado con el Ejecutivo para que los ayuntamientos gobernados por el PP permitieran la construcción en las áreas de transición --es decir, suelo rústico--, una medida contemplada en la ley de obtención de suelo.

"Si la cosa es tan grave que hay que llevar una grabadora nos gustaría saber qué es lo que negocian de manera tan clandestina con Vox. Lo que han negociado es cómo se repartían los suelos que se clasificarían y dónde pondrían el dedo encima de un mapa. Eso han sido sus negociaciones, necesiten o no grabadoras", ha sostenido Garrido.

La socialista ha admitido que es necesario suelo para construir, pero se ha preguntado por qué no se agotan todos los urbanos y urbanizables antes de recurrir a las áreas de transición. "¿Quién pedía esto en las reuniones?", se ha cuestionado.

Para la socialista, la intención del Govern es clasificar nuevo suelo para mantenerlo "en sus manos" y hacer que el precio de la vivienda "suba como ha subido toda la vida con esta política especulativa".

Mateo, en su réplica, ha asegurado que su Conselleria seguirá trabajando para obtener unos resultados que ya están llegando. "Y lo vamos a hacer sin hacer caso al ruido. No me preocupan sus afirmaciones, me preocupa nuestro plan de choque. Es un problema que nos quita el sueño, es el mayor desafío que afrontamos", ha expuesto.

7.000 VIVIENDAS ASEQUIBLES

Lejos de esta polémica, ha subrayado Mateo, su departamento busca "activar políticas de vivienda" y continuará trabajando para ampliar la oferta residencial "después de años de dejadez en esta materia".

"El único objetivo del Govern, lo vuelvo a repetir, es conseguir vivienda asequible para ciudadanos residentes en nuestras islas. Ese es el objetivo prioritario de este conseller, y desde luego le garantizo que no me ha gustado que ponga en tela de juicio mi trabajo ni el de mi equipo, que desde el primer día nos estamos dejando la piel. Y vamos a seguir", ha incidido.

Mateo se ha mostrado convencido de que las políticas del Govern "van por el buen camino" y ha recordado que ya tienen en planificación 7.000 viviendas asequibles. "Ustedes en ocho años anunciaron 14.000 y de esas tenemos cero", ha contrapuesto.

Aunque ha admitido que "no hay recetas milagrosas" para resolver el problema generado por "unos precios por las nubes por la falta de oferta ante una gran demanda", ha reivindicado la necesidad de poner en marcha un plan de choque como el del Ejecutivo.

El conseller también ha asegurado que la intención del Govern en ningún caso es "criminalizar ni atacar" a las personas vulnerables, pero ha considerado que "está claro que quien okupa una vivienda está cometiendo un delito y es un delincuente".

Los conocidos como inquiokupas, ha añadido, está "incumpliendo un contrato". "Esto es así, aquí no se criminaliza a nadie, son realidades que son las que son", ha subrayado.

El conseller, en esa línea, ha defendido que lo que no se puede hacer es "atacar ni criminalizar a quien tiene un derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la propiedad".

También, como ha hecho en reiteradas ocasiones, se ha negado a aplicar medidas contempladas en la ley estatal de la vivienda como el tope a los precios del alquiler.