La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA
PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca ha criticado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, gobierna "sometido, sin criterio propio y completamente arrodillado ante Vox" en la institución insular, tras la retirada de una parte del paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.
Según han indicado este viernes los ecosoberanistas en un comunicado, la "retirada" de estas ayudas responde a imposiciones de la dirección estatal de Vox.
La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha señalado que Galmés ha optado por retirar unas ayudas "imprescindibles" para hacer frente a exigencias "ideológicas, ilegales y profundamente discriminatorias" de Vox. "Esto no es debilidad, es sumisión absoluta", ha reprochado.
Además, la formación ha denunciado que esta dependencia no proviene solo de Vox, sino también del Govern, y ha acusado al presidente de tomar decisiones contrarias a los intereses de Mallorca.
En este sentido, MÉS ha recordado el caso de la importación de residuos de Eivissa, una decisión que, según ha afirmado, fue impuesta desde el Ejecutivo autonómico y asumida por el Consell "sin oposición", pese al impacto ambiental y territorial que, a su juicio, supone para Mallorca.
La portavoz ha reiterado que Galmés está "secuestrado" políticamente y que "no gobierna, sino que ejecuta órdenes" procedentes de la sede de Vox en Madrid y del Govern.
Desde MÉS per Mallorca han alertado de que el Consell atraviesa una situación de "degradación institucional sin precedentes". "Tenemos un presidente que no pinta nada, que no decide nada y que ha convertido la institución en una pieza más al servicio de intereses externos", ha asegurado la portavoz.
Finalmente, la formación ha concluido que este episodio confirma un modelo de gobierno basado en la renuncia y la dependencia, en el que el presidente prefiere "obedecer antes que defender su tierra". Así, ha advertido de que el problema no es solo político, sino también de "dignidad institucional".