Publicado 16/12/2021 11:01CET

Pescadores submarinos furtivos pueden llegar a ganar 3.000 euros al mes en Baleares y pagar la multa "sale a cuenta"

Archivo - Pescado intervenido por la Guardia Civil.
Archivo - Pescado intervenido por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Un estudio revela grupos organizados para vender pescado ilegalmente y apunta a que "blanquear" pescado es una práctica frecuente

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

En Baleares hay pescadores submarinos furtivos "altamente especializados" que pueden llegar a ganar 3.000 euros al mes y pagar una posible multa "sale a cuenta", según un estudio impulsado por entidades conservacionistas sobre la pesca ilegal en las aguas del archipiélago.

El estudio revela asimismo la existencia de grupos organizados para vender pescado ilegalmente, "que emplean sistemas de aviso para evitar ser interceptados por inspectores de pesca". En la investigación han participado Marilles Foundation, Mallorca Preservation Foundation, Menorca Preservation e Ibiza Preservation.

El estudio también ha detectado "casos puntuales de connivencia" entre pescadores profesionales y recreativos para "blanquear" pescado, y de hecho a la mayoría de restaurantes consultados les han ofrecido pescado ilegal.

Según la investigación, que ha contado con el testimonio de diferentes agentes implicados --pescadores profesionales, científicos, administración, e incluso pescadores furtivos--, el desvío de pescado en la pesca profesional "es mucho más común en la flota de artes menores que la de arrastre".

Otro impacto sobre el mar balear es la pesca recreativa de subsistencia "que vende captura como complemento de salario y para llegar a fin de mes".

Las entidades subrayan que hay "muchas barreras", legales, sociales y económicas, que dificultan el trabajo de vigilancia por parte de los inspectores y las fuerzas de seguridad, y que los recursos actuales "no son suficientes para atajar este problema y hacer cumplir con la normativa existente, tanto en tierra como en mar".

En este sentido, apuntan a un problema de "responsabilidad compartida", puesto que la mayoría de consultados conocen casos de infracciones por parte de individuos, restaurantes y hoteles, pero nunca han actuado al respecto. En este sentido, lamentan que es "un problema que todo el mundo conoce, pero del cual nadie habla".

Para el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban, la pesca y venta ilegal de producto pesquero "representa una hemorragia de dinero y puestos de trabajo para la economía que hay que frenar urgentemente".

"Es un problema que debilita al sector pesquero profesional y recreativo; daña las oportunidades de recreo de submarinistas y bañistas y la actividad económica asociada a ellos; y destroza la imagen de una región que quiere ser modelo de sostenibilidad", ha avisado.

Aunque el estudio indica que normativamente Baleares "no está peor que otras regiones de España", Esteban ha apelado a la administración para que afronte el problema con "más recursos económicos"; a los pescadores para que actúen con firmeza contra las ilegalidades dentro de su sector; y a los restaurantes y consumidores porque "deben decir no al pescado ilegal".

Por su parte, Ana Riera, de Mallorca Preservation, ha lamentado que "hay una minoría de personas que dañan la reputación de sectores enteros", y además "también hay gente que, por desconocimiento, es cómplice involuntaria de la pesca ilegal".

Las entidades implicadas en el estudio esperan que los resultados del diagnóstico sirvan para diseñar un proyecto a medio plazo para buscar soluciones contra la pesca ilegal en Baleares, algo que pondrán en marcha en 2022 de forma coordinada y colaborativa en todas las Islas. Está previsto que los resultados del estudio se presenten también en Pitiusas y Menorca a comienzos de 2022, con representación de los sectores implicados de cada isla.

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