PALMA DE MALLORCA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario El PI-Proposta per les Illes Balears ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) por vía de urgencia que insta al Govern, los consells insulares y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) a elaborar un protocolo específico con medidas de seguridad sanitaria y a habilitar nuevas ubicaciones que permitan reiniciar cuanto antes la actividad del colectivo feriante en Baleares.
De acuerdo con la formación, la Unión de Empresarios de Atracciones Diversas de Baleares denuncia la desprotección que sufren muchos de ellos, a los que el confinamiento les cogió aún de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y ahora no pueden acogerse a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que ha establecido el Gobierno central.
El PI ha asegurado que la situación "es límite" para las 70 familias de feriantes de Baleares --el 90 por ciento ubicadas en Mallorca-- y las 30 familias confinadas en Son Fusteret, sin posibilidad de retornar a la Península, tras la cancelación de la Feria del Ram.
En este sentido, la formación ha lamentado que hay un total de 600 personas con cero ingresos desde hace seis meses, la mayoría sin ayudas y con deudas, ya que, aprovechando el invierno, realizan inversiones destinadas al mantenimiento de instalaciones y la compra de nueva maquinaria.
La portavoz de El PI en el Parlament, Lina Pons, ha subrayado que "la situación es de total incertidumbre y de extrema necesidad y que no está previsto que se reanude esta actividad ni durante el plan de desescalada ni cuando finalice el estado de alarma".
Por este motivo, la formación ha reclamdo que el Govern y el Ejecutivo central faciliten el acceso a los créditos ICO e ISBA al colectivo de los feriantes con una carencia de 12 meses desde el inicio de su actividad para poder afrontar sus respectivos pagos.
Además, El PI ha planteado que la Felib coordine y proponga a los ayuntamientos que estudien la posibilidad de exonerar el pago de las tasas municipales aplicadas a las ferias durante 1 año mínimo desde el comienzo de la actividad.
