PALMA DE MALLORCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP acusó hoy a la justicia de tener una "doble vara de medir" a la hora de instruir los casos que afectan a esta formación y aseguró sentirse "maltratado" por jueces y fiscales, que, en su opinión, tratan con mayor dureza a los 'populares' involucrados en procesos judiciales que a miembros de otras formaciones políticas.
Así se expresó en rueda de prensa el portavoz del PP, Carlos Simarro, quien opinó que en la instrucción del Caso Caballistas, que ayer quedó visto para sentencia, subyace la búsqueda de una "foto con doce cargos del PP sentados en el banquillo". Sostuvo, en este sentido, que el comportamiento de los alcaldes imputados no constituyó "delito ni trama delictiva alguna", sino que todo se debió "a un fallo administrativo".
Por ello, defendió totalmente la "honorabilidad y inocencia" de los cargos y ex cargos del PP imputados en el caso y recalcó que sólo cuando haya una sentencia firme, y no antes, el partido adoptará una decisión sobre la continuidad de estas personas. De este modo, el portavoz consideró que el caso, donde están imputados el recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger, y la diputada autonómica Cati Soler, "nunca debería haber llegado al Alto Tribunal".
Bajo su punto de vista, la administración de la justicia en Baleares adopta mano dura cuando el imputado es del PP, mientras que cuando pertenece a otro partido, goza de un trato "diferente". Así, mencionó que ni el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés (PSOE), ni el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, ambos imputados por diferentes casos de corrupción, "han acudido esposados" a los juzgados.
"Es super evidente que hay una doble vara de medir y que el tratamiento no es mismo para el PP que para los demás", concluyó Simarro.
Ayer quedó visto para sentencia el macrojuicio por el caso Caballistas, en el que la justicia trata de esclarecer si el principal imputado, el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, cometió un delito de falsedad en documento oficial al utilizar el certificado firmado por once ayuntamientos del PP para supuestamente legalizar su vivienda construida en suelo rústico bajo el pretexto de formalizar el lugar como la sede de un centro hípico. La Fiscalía solicita para Vidal seis años de prisión.
