PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el Recurso de Amparo anunciado el pasado 16 de febrero cuando los miembros del grupo parlamentario socialista en la Mesa de la comisión "paralizaron durante más de una hora y media" la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales, que tenía como orden del día el debate de las propuestas de resolución del PP derivadas del debate del informe presentado por la Sindicatura de Cuentas de fiscalización del contrato de alquiler del edificio ubicado en Son Rossinyol.
En un comunicado, los 'populares' han criticado que la sesión fue "bloqueada" y no se inició hasta que comparecieron los dos representantes del Bloc, necesarios para que el pacto de izquierdas tuviera mayoría en las votaciones de dicha comisión.
Así, ha recordado que la Mesa de la Comisión rechazó con los dos votos a favor del PSIB y un voto en contra del PP, la posibilidad de debatir la propuesta número dos presentada por el grupo parlamentario 'popular' sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas en relación a Son Rossinyol, a pesar de que en este órgano, PSIB y Bloc representan a 25 diputados del Pleno, mientras que el PP representa a 28.
En este sentido, la formación presidida por José Ramón Bauzá considera que esta decisión de la Mesa de la Comisión se adoptó "en contra de lo establecido en el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara y que fue asumido por la Mesa del Parlament".
En este informe, según ha indicado, se reconocía la "congruencia de la propuesta de resolución que el PP pretendía someter a debate en la Comisión".
Concretamente, ha recordado que en la propuesta de resolución que el PSIB se negó a debatir, los 'populares' proponían al Parlament, que condene el procedimiento seguido en el proceso de adquisición del edificio de Son Rossinyol al representar un "ataque contra los principios de igualdad, transparencia y equidad y por suponer una utilización fraudulenta de los recursos públicos para intereses privados".
Asimismo, el PP pedía la condena por "haberse dado información privilegiada al hacer a medida las condiciones contractuales; haberse falsificado documentos públicos; haberse remitido el expediente incompleto, de forma intencionada, al grupo parlamentario 'popular', a la Sindicatura de Cuentas y a la Fiscalía y haberse adquirido bienes sin ningún procedimiento".
Finalmente, el PP ha recordado que el diputado de este partido José María Rodríguez ya denunció en ese momento el "hurto" al debate efectuado por parte de los diputados del PSIB y amparándose en lo que determina el informe jurídico anteriormente citado, el PP ha materializado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que los "derechos fundamentales que le asistían a la hora debatir esta iniciativa en el Parlament fueron vulnerados".
