El PSIB lleva a la Comisión de Ética Pública el supuesto conflicto de intereses de Lafuente en el puerto de Addaia

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una denuncia ante la Comisión de Ética Pública de la Comunidad Autónoma, que depende de la Conselleria de Presidencia, el presunto conflicto de intereses que mantiene el conseller del Mar y Ciclo del agua, Juan Manuel Lafuente, en relación al puerto de Addaia, en Menorca, y cuya gestión depende de PortsIB.

En la exposición de hechos, según ha trasladado la formación socialista en un comunicado, se constata que Lafuente es conseller del Mar, presidente de PortsIB y, al mismo tiempo, forma parte de la familia propietaria de la empresa privada que explota el puerto, en concesión administrativa. La duración de la concesión para la explotación del puerto es por 35 años, y finalizará el 2037.

En el escrito de denuncia también se recoge textualmente qué se entiende por conflictos de intereses en el Código Ético que tienen que firmar todos los cargos públicos y personal eventual del Ejecutivo autonómico, sometidos a determinados comportamientos relativos a la imparcialidad y la objetividad.

El punto quinto el Código Ético define que hay conflicto de intereses cuando "los miembros del Govern y altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los cuales confluyen al mismo tiempo intereses de su cargo público e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas". A estos efectos, tiene que aplicarse el artículo 31.1 de la ley, que regula "el derecho de inhibición o abstención".

Sin embargo, como recoge la denuncia de los socialistas, sí que se han dado, en diferentes ocasiones, decisiones concretas en las cuales ha participado el conseller Lafuente, relacionadas con sus negocios familiares.

En concreto, señalan que el 12 de septiembre de 2025 el Consell de Govern acordó su criterio favorable con relación a una modificación de la Ley de puertos avalada por PP y Vox, reunión en la que participó Lafuente y votó a favor de esta decisión, "incumpliendo el deber de inhibición o abstención que prevé la ley".

En la mencionada proposición para modificar la Ley de puertos, actualmente en tramitación, se prevé que las concesiones que eran de 35 años, como el caso de Addaia, se podrán ampliar el periodo hasta los 50 años y, de forma excepcional, a los 75 años.

Otro caso de conflicto de intereses denunciado es la caducidad del proyecto de ampliación del puerto. En este sentido, la empresa presentó un proyecto de ampliación del puerto que obtuvo una declaración de impacto ambiental autonómica en el 2015, pero no así el informe favorable de la Dirección General de Costas, por lo que, el proyecto no se aprobó.

Sin embargo, la Ley de evaluación de impacto ambiental prevé que, pasados seis años de cualquier proyecto que no haya iniciado las obras de ejecución, el expediente se tiene que archivar, porque ha caducado.

Igualmente, la Conselleria de Medio Ambiente dictaminó en 2023 que la validez de la declaración de impacto ambiental había expirado. Y ahora correspondería a PortsIB archivar definitivamente el expediente, cosa que todavía no se ha hecho, porque el punto no se ha incluido en ningún orden del día.

Los socialistas han expuesto un tercer punto. En diciembre de 2024, han indicado, el consejo de administración de PortsIB aprobó las tarifas máximas aplicables que la empresa podrá cobrar a los usuarios del puerto. Se trata, a juicio del PSIB, de otra decisión que beneficia los negocios familiares del conseller, que, a pesar de haber manifestado que se abstiene en cualquier decisión que se toma en PortsIB, "el simple hecho de incluir determinado punto en un orden del día ya es incompatible, de facto, con su cargo".

Ante esta situación, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha afirmado que ni la ley, ni el Código Ético permiten compatibilizar el hecho de ser conseller y presidente de PortsIB y, a la vez, tener intereses en un puerto particular.

"No lo permite porque en un momento determinado, el conseller podría tomar decisiones no tanto pensando en el interés general como en el interés particular suyo o de sus familiares", ha indicado.

Los socialistas han expresado su "preocupación" ante estos hechos así como por las consecuencias que podrían tener sobre el interés general.