El PSIB propone destinar 57 millones de euros a un escudo social autonómico por la guerra en Irán

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado un paquete de medidas presupuestadas en 57 millones de euros, con las que crear un escudo social en Baleares para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Los socialistas las han registrado en Parlament como 21 enmiendas a la Ley de Proyectos Estratégicos que han denominado como "ley ómnibus", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

De este modo, han resaltado que todas ellas se han redactado después de un debate con agentes económicos y representantes sindicales, al analizar sector por sector "las necesidades más básicas".

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha indicado que con estas medidas el Govern ya tiene "el trabajo hecho" con los sectores productivos.

"Cuando la presidenta no hace el trabajo, se lo tienen que hacer. Ahora tiene al alcance un paquete de medidas trabajado y acordado con los sectores productivos y los sindicatos, que se pueden aprobarse este viernes y dar una respuesta inmediata a la ciudadanía", ha señalado.

Los ejes donde los socialistas proponen incidir son aquellos que "más se han visto afectados" por la subida de los carburantes y los consiguientes incrementos en los precios de consumo.

De hecho, una estimación inicial apunta que el impacto de la subida del precio de la gasolina y de los carburantes podría alcanzar hasta un 0,6% del PIB, en un escenario en que el conflicto se alargase durante un año, un incremento que "puede generar dificultades insalvables en muchos sectores y familias de las islas".

El PSIB ha planteado medidas para el transporte y la distribución, para las personas trabajadoras autónomas, para el sector agrario y ayudas dirigidas a las familias.

En el primer eje de transporte y distribución, se proponen ayudas por un importe superior a los 10 millones de euros para los transportistas de mercancías que hayan incrementado los costes en combustibles, como mínimo en un 5% en el primer semestre de 2026, con relación en el mismo periodo de 2025.

Un segundo grupo de ayudas, estimado en más de 30 millones de euros, servirá para ayudar a hacer frente a los costes de la actividad de los trabajadores autónomos durante 2026, con un 100% de bonificación de los gastos de cotización a la Seguridad Social para los autónomos o el equivalente de las personas trabajadoras que cotizan en una mutua de colegio profesional. Se plantea que estas ayudas se alarguen, inicialmente, por un periodo de cuatro meses y con un importe máximo de 400 euros.

Un tercer eje se dirige a establecer medidas para el campo, de más de 15 millones de euros, con líneas para adaptar medidas de "continuidad, modernización y desarrollo de la industria alimentaria vinculada al producto local".

Otra línea quiere compensar los sobrecostes energéticos, de transporte, logística y fertilizantes y una tercera línea se dirige al pequeño productor, con una convocatoria específica dirigida a pequeñas explotaciones agrarias.

Finalmente, el cuarto eje se enfoca a medidas para la ciudadanía, en especial los colectivos que pueden verse más afectados por el incremento de precios de consumo básico.

En este sentido, se plantea una línea de ayuda a las hipotecas, con deducciones para las hipotecas de interés variable; una congelación de los alquileres, mediante el reconocimiento de todo el territorio de Baleares como zona tensada, que permite limitar los alquileres de acuerdo con la ley estatal de vivienda; ayudas a estudiantes universitarios, con una gratuidad de las matrículas de estudios superiores al eliminar los criterios académicos; y ayudas directas a colectivos más necesidades: Renta social garantizada (Resoga), prestaciones no contributivas, renta de emancipación de jóvenes tutelados, personas en el ámbito de la dependencia, en ayudas domiciliarias y en centros de día. Este bloque tiene una inversión estimada de dos millones de euros.