Sacresa ofrece la finca de Can Domenge como aval para hacer frente a la fianza de 38 millones de euros

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sacresa y la UTE formada por esta empresa y Ferrà Tur, que en 2006 resultaron adjudicatarias de los terrenos de Can Domenge en el concurso convocado por el Consell de Mallorca para la enajenación del solar, han ofrecido la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, por importe de 38 millones de euros impuesta por la jueza que instruye el caso, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la defensa de Ferrà Tur señalaron que tanto esta empresa como Sacresa presentaron hoy sendos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial contra la caución al mostrarse en desacuerdo con su motivación, y señalaron que por el momento no han recibido la notificación de la fianza, por lo que por ahora no ha comenzado el plazo de 24 horas que dispondrán para constituirla.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, emitió un auto por el que impone una fianza que asciende a 38.558.074 millones de euros al presidente de UM e imputado Miquel Àngel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan.

Por su parte, Sacresa señaló en un comunicado que desde la UTE han comparecido por primera vez ante el Juzgado para oponerse a la exigencia de la fianza impuesta solidariamente, de modo que "hasta que se resuelva la cuestión", han ofrecido el terreno como garantía. Asimismo, la empresa agregó que ambas firmas han invertido en Can Domenge, adicionalmente al precio pagado por la finca desde su adquisición, más de 16 millones de euros.

"Sacresa y Ferrà Tur hemos cumplido en todo momento con las obligaciones derivadas del concurso adjudicado así como con el resto del ordenamiento jurídico", prosigue Sacresa, que enfatizó al mismo tiempo que han seguido los trámites urbanísticos "pertinentes" para la realización del proyecto. De este modo, expresaron su confianza en que los tribunales "confirmen" todo ello en su momento, "dando pleno cumplimiento a las exigencias derivadas de sus compromisos".

Mientras tanto, la defensa de Flaquer, asistido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, presentó el pasado lunes su recurso de apelación ante el juzgado para que lo eleve a la Audiencia Provincial y ésta determine si el auto combatido es nulo por falta de motivación. La defensa se ha mostrado así en desacuerdo con la exposición de los hechos y con la cantidad fijada, por lo que considera "nula" la resolución de la magistrada.

ASEGURAR LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS

En concreto, la jueza establece en su auto que la fianza solidaria va dirigida a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del concurso. Además, establece un plazo de 24 horas -una vez que todas las partes hayan recibido la notificación- para que puedan hacerla efectiva ya que, de sobrepasar este tiempo, se procederá al embargo de bienes para cubrir las responsabilidades.

Las investigaciones del caso Can Domenge giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.

La resolución judicial señala que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que los adjudicatarios del concurso, Sacresa Terrenos Promoción y Construcciones Ferrà Tur, pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".