UP enmienda la ley de proyectos estratégicos para plantear impuestos a gran tenedores o frenar la educación privada

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos (UP) ha presentado una serie enmiendas al decreto de aceleración de proyectos estratégicos, en las que propone reformar el impuesto de transmisiones patrimoniales para penalizar "operaciones especulativas" con tipos de hasta el 20% para grandes propietarios o dificultar la creación de centros educativos privados.

La formación ha apuntado que esta norma está orientada a "favorecer intereses privados, reducir controles y debilitar los servicios públicos", según ha explicado en un comunicado.

En este sentido, han planteado reforzar los mecanismos de control democrático sobre los proyectos estratégicos. Entre las principales medidas, proponen la creación de una comisión parlamentaria específica que evalúe las solicitudes de proyectos de interés estratégico y la incorporación de representantes de los grupos parlamentarios en los órganos de decisión, con el objetivo de "garantizar transparencia y evitar arbitrariedades".

Asimismo, las enmiendas eliminan o modifican varios artículos del decreto que permiten reducir controles ambientales, urbanísticos y municipales, junto a aquellos que abren la puerta a "agilizar proyectos sin garantías suficientes o situar infraestructuras en suelo rústico o protegido".

En materia de vivienda, han explicado que mientras PP y Vox han acordado dar "regalos fiscales a los rentistas", UP propone ampliar la deducción por alquiler al conjunto de la población e impulsar un paquete de incentivos fiscales para fomentar las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

Esto se haría con deducciones de hasta el 30% de las aportaciones y bonificaciones del 100% en impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El objetivo es promover "alternativas de vivienda asequible", fuera de "lógicas especulativas" y con finalidad social, como "alternativa real a la especulación inmobiliaria".

Por otro lado, las enmiendas incluyen la recuperación efectiva de la Ley de barrios, con una dotación mínima anual de 20 millones de euros para "rehabilitar los barrios con más necesidades".

Finalmente, han presentado diferentes medidas sociales como una deducción de hasta 1.200 euros para la reincorporación al mercado laboral después del cuidado de los hijos, además de iniciativas para reforzar la regulación del transporte y defender el servicio público del taxi ante la "expansión descontrolada" de nuevas autorizaciones de VTC.

El diputado de UP y coordinador de Esquerra Unida de Balears, José María García, ha afirmado que el decreto del PP y Vox está pensado para "facilitar negocios privados con menos controles" pero su formación propone "justo el contrario", que sería "más transparencia, más control público y más derechos".

García ha alegado que Baleares no pueden ser un territorio "al servicio de la especulación" y estas enmiendas irían encaminadas a "garantizar vivienda, proteger el territorio y reforzar los servicios públicos".