BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los Veintiocho y la Eurocámara han llegado a un acuerdo preliminar sobre las nuevas normas a nivel europeo para proteger a quienes denuncian infracciones de las normas comunitarias y casos de fraude o corrupción y que prohíben expresamente su despido o degradación como represalia.
La UE pierde cada año entre 5.800 millones y 9.600 millones de euros que potencialmente no se perderían en el sector de la contratación pública si hubiera un sistema de protección de denunciantes, según un estudio de la Comisión Europea de 2017.
Sólo diez países en la UE --Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido-- ofrecen una protección legal "completa" para quienes denuncian, mientras que en el resto esta protección es parcial o limitada a sectores o categorías de trabajadoras específicos.
APOYO LEGAL, FINANCIERO Y PSICOLÓGICO
Las nuevas normas pactadas, que todavía deberán ser acordadas formalmente por los Veintiocho y la Eurocámara en los próximos meses, garantizarán en toda la UE que se protege a denunciantes de infracciones de las normas europeas contra el fraude fiscal, el lavado de dinero, sobre contratación pública, pero también las normas de seguridad de los productos y el transporte, la protección ambiental, salud pública y la protección de datos personales y del consumidor y deberán ofrecerles canales de denuncia y procedimientos alternativos, sin coste, así como apoyo legal, financiero y psicológico, además de información independiente y completa.
Los denunciantes también gozarán de protección en procedimientos judiciales.
CANALES DE DENUNCIA SEGUROS
Para ello, las normas prevén la creación de mecanismos --externos e internos-- para que puedan denunciar infracciones, preservando su seguridad y la confidencialidad de la información relevada, que podrán privilegiar en función de las circunstancias del caso.
Así, los informantes podrán escoger si denuncian el caso a nivel interno primero en las organizaciones o directamente a las autoridades nacionales y de la UE competentes, aunque se tratará de privilegiar el canal de denuncia interno primero.
Las normas prohíben de forma explícita las represalias e introducen salvaguardas para impedir que quienes denuncien casos de fraude e infracciones puedan ser despedidos, degradados, intimidados o contra otro tipo de represalias y también protegerán a facilitadores y periodistas de investigación o familiares de los denunciantes.
La protección de los informantes estará garantizada cuando decidan revelar los casos de forma pública, cuando haya un peligro inminente para el interés público o un riesgo de represalias para el denunciante, así como en los casos en los que no se han tomado medidas apropiadas en respuesta a una denuncia inicial.
El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha insistido en la necesidad de "proteger a los denunciantes" para que no sufran represalias o acaben siendo demandados en los tribunales "por actuar correctamente en beneficio de la sociedad" y ha puesto en valor que las nuevas normas contribuirán a "combatir el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto de sociedades y los daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Y ha instado a los Gobiernos a poner en marcha "amplias estructuras" para su protección "basadas en los mismos principios".
La comisaria de Justicia, Vera Jourová, ha recordado que escándalos como el 'Dieselgate', los 'Papeles de Panamá' y el de 'Cambridge Analytica' han puesto de relieve la importancia de "apoyar y proteger" a las "personas valientes que sacan a la luz actividades ilegales", que dañan el interés público y el bienestar social y se ha mostrado satisfecha del acuerdo "equilibrado" para animar a los empresarios a "resolver los problemas a nivel interno", al tiempo que se da la oportunidad a los denunciantes a llevar el caso a las autoridades públicas "sin temor a represalias".
La eurodiputada socialista francesa y responsable de la negociación en la Eurocámara, Virginie Roziere, también ha celebrado el acuerdo, "una de sus mayores prioridades". "Hemos tenido que pelear duro para obtener un texto final que cumple las expectativas. Los denunciantes deben ser protegidos, escogiendo los mejores medios para ser escuchados y defender los intereses de los ciudadanos", ha subrayado.
