Buenos Aires reitera su llamamiento a Montevideo para que no aumente la producción en UPM-Botnia

BUENOS AIRES 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, ha reiterado este miércoles su solicitud al Gobierno de Uruguay para que dé marcha atrás en su decisión unilateral de aumentar la producción de la fábrica de celulosa UPM-Botnia.

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada, Timerman ha dado un ultimátum al país vecino, explicando que se trata de la última oportunidad que Buenos Aires da a Montevideo para que recule antes de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"En esta ocasión, el Gobierno argentino solicita formalmente al Gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión para que continuemos en la mesa de negociaciones", ha dicho, en compañía del gobernador de la provincia de Entrerríos, Sergio Urribarri.

Timerman ha revelado que "en la última semana Argentina ha solicitado por canales informales a Uruguay que retrotraiga su decisión sobre el aumento de la producción y que vuelva a discutir el tema ambiental, sin obtener respuesta alguna hasta ahora".

"Hemos enviado dos mensajes a las autoridades uruguayas que no han sido respondidos y hoy formalmente les hemos solicitado que vuelvan a la mesa de negociaciones retrotrayendo una decisión que es unilateral y violatoria de los acuerdos bilaterales", ha insistido.

También ha reiterado su rechazo a "la decisión unilateral de Uruguay de levantarse de la meda de negociaciones" al considerar que con ello "ha primado los intereses de UPM-Botnia sobre la historia de dos pueblos hermanos".

Además, ha insistido en que con el aumento de la producción, "en el plano legal, se viola el Estatuto del Río Uruguay y la sentencia de la CIJ, que denuncia que Uruguay violó en ocho oportunidades el mecanismo de información acordado entre ambos países".

Con todo ello, interrogado sobre cuándo acudirá Argentina a la CIJ, ha contestado que "tal vez esperemos un par de días" para dar un margen de tiempo a Uruguay para responder al último llamamiento al diálogo. "Ya se lo hemos pedido dos veces", ha repetido.

INFORME AMBIENTAL

Además, ha anunciado que Buenos Aires ha recibido hoy el informe completo de los científicos argentinos de la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU), que "incluye la totalidad de las actividades de control realizadas en UPM-Botnia y los resultados de los análisis de las muestras tomadas".

Este informe determina que "la temperatura media de las muestras tomadas fue de 32,16 grados centígrados, cuando la temperatura media anual del río Uruguay es cercana a 20". "De esta manera, supera en un 60 por ciento la condición natural", ha explicado.

Asimismo, ha denunciado la presencia de fenoles y endosulfán --sustancias tóxicas--, que no deberían estar en el río Uruguay, así como un nivel excesivo, conforme a los acuerdos bilaterales, de fósforo, níquel y cromo.

VUELTA A LA CIJ

El pasado 3 de octubre, Argentina anunció que denunciaría a Uruguay ante la CIJ por su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida sobre el río Uruguay.

"Argentina lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor determinante en la relación con Uruguay", dijo, reiterando que, tanto en este caso como en el de los "fondos buitre", el país "impedirá ser doblegado por una empresa multinacional".

El pasado 27 de septiembre, el presidente uruguayo, José Mujica, anunció que su Gobierno ha autorizado a la papelera a aumentar su producción, aunque no detalló cuánto, a cambio de mejorar el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay.

La fábrica de celulosa, por su parte, se comprometió a mejorar las condiciones ambientales. En concreto, UPM-Botnia aseguró que perfeccionará la refrigeración del agua vertida al río Uruguay y que reducirá el índice de fósforo.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a ir a La Haya.

"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.

Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral.

"Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz", dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.

"Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", aseveró Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir", destacó.

Sin embargo, el diálogo apenas duró 24 horas porque Mujica ratificó su decisión de autorizar un aumento de la producción, aunque solo en 100.000 toneladas, la mitad de lo solicitado, y con la condición de que la temperatura de sus vertidos no supere los 30 grados centígrados y de que reduzca la cantidad de fósforo de los mismos.

"Me siento federal y 'artiguista' pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos en la cadena forestal", explicó, al tiempo que reveló que es una "decisión dolorosa" porque enfrentará al país con su vecino.

EL FALLO DE LA CIJ

El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.

La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.

Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".

"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.