Las compañías extranjeras podrían ayudar a mejorar las leyes chinas y llevar al país "ejemplos de buenas prácticas"
BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Principio número tres del Pacto Mundial promovido por la ONU para fomentar la responsabilidad social corporativa (RSC) es el que más cuesta cumplir a las empresas extranjeras que invierten en China: el apoyo a la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Así lo expresó en la tarde de ayer en Barcelona Jean FranÇois Huchet, investigador senior en el China Centre EHESS de París, durante una Jornada de RSC organizada en la ciudad condal por la Casa Asia.
Asimismo, subrayó que si se respetara este Principio de verdad "ninguna empresa podría tener una filial en China", tras señalar que para las compañías éste es el Principio "más difícil de controlar". Sin embargo, apuntó algún ejemplo de empresas que están "consiguiendo avances".
En China sólo existe un sindicato oficial, controlado por el Partido Comunista y en la mayoría de las ocasiones su gerente suele ser el gestor de la empresa. En este contexto, destacó actuaciones de algunas empresas, como IKEA, "que al menos realizan elecciones para elegir a los candidatos que libremente se pueden postular".
Así, aunque sólo exista un sindicato, al menos el representante elegido no es el gerente de la compañía. Muchas de estas empresas, apuntó Huchet, también aplican esta política a sus proveedores, "y el Gobierno chino no ha dicho nada" al respecto. Por lo tanto, consideró esencial "obligar a que haya un sindicato".
El problema de la libre asociación y de negociación colectiva existe tanto para empresas extranjeras, para las públicas chinas como para empresas de Hong Kong, Taiwán y Corea, y para las pequeñas y medianas empresas colectivas y públicas, según los datos del estudio de este investigador.
Otras materias relacionadas con los derechos laborales de los ciudadanos como la protección social, la discriminación o el trabajo forzoso e infantil son más fáciles de controlar, y de todos ellos, tan sólo la discriminación cuenta con un "riesgo medio" para las empresas extranjeras, que concretamente afecta a mujeres y campesinos.
Sin embargo, Huchet consideró que en estos apartados las compañías "pueden mejorar las leyes" del Gobierno chino, sobre todo en lo referente a "pensiones y seguros médicos", ya que en la legislación china está recogido como opcional.
En este aspecto son los campesinos quienes más dificultad tienen para acceder a un seguro médico o incluso para llegar a la ciudad, debido al estricto control por parte de las autoridades con respecto al fenómeno de la "migración del campo a la ciudad".
Por último, instó a las empresas, conscientes de que no pueden cambiar la realidad china, a "presentar ejemplos" de buenas prácticas para las empresas nacionales y a "ir más allá" del derecho existente en el país asiático.
"Las empresas más grandes ya hacen cosas --iniciativas de responsabilidad social corporativa-- en el país", indicó, y según explicó esta actitud responde a valores empresariales y no a posibles de los consumidores chinos ni de sus ONG porque todavía son muy débiles.
POCOS RIESGOS
Por otro lado, los riesgos que cuentan las empresas extranjeras en China en otros aspectos sociales "son pocos". Así, los salarios y el control de las horas extras de los empleados "es fácilmente controlable", así como los accidentes laborales.
Lo que resulta mucho más complicado es "el control externo" tanto a través de auditorías como de inspecciones, ya que según señaló éstas "tienen poca credibilidad" por la facilidad con la que las empresas falsifican las informaciones o preparan las visitas.
Para evitar esto muchas compañías han buscado vías alternativas para que sus actividades cuenten con un control riguroso. Un ejemplo es Carrefour, que ha firmado un acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos, a través de el cual ha creado un código para en caso de que la organización encontrase algún indicio negativo en alguna empresa subcontratada lo pueda denunciar.
Entre los criterios de exclusión de empresas subcontratadas, el trabajo forzado, el trabajo infantil o la discriminación serían motivo de rechazo inmediato. La falta de protección social o las horas extras y salarios por debajo del mínimo supondrían dejar de trabajar con el proveedor "al cabo de un plazo" o la asistencia por parte de la compañía extranjera. "No hay que culpar a las empresas chinas, hay que compartir esa responsabilidad", concluyó.
