BOGOTA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, propuso dar dos meses de plazo a Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', para que repare a las víctimas de sus delitos cometidos como jefe paramilitar, y de no hacerlo sería extraditado para ser juzgado en Estados Unidos.
"Si en dos meses 'Macaco' ha entregado bienes y ha confesado la verdad, no será extraditado. Pero si no cumple con las exigencias de la Ley de Justicia y Paz (...) Con esto combinamos firmeza y al mismo tiempo escuchamos el clamor de las víctimas", indicó Pizarro.
También aseguró que sería un error no extraditar a Carlos Mario Jiménez si no colabora con la justicia, pues se les estaría dando un "mensaje erróneo" a otros jefes paramilitares que están siendo juzgados.
Al conocer la propuesta, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, se mostró de acuerdo con la propuesta, que calificó como "equilibrada", al tener en cuenta el derecho a la reparación y la necesidad de intimidar a los jefes paramilitares a cumplir con la Ley.
"Sería muy importante, el estrictamente necesario, para agilizar todas estas diligencias que aún están pendientes para satisfacer el derecho a la verdad. El doctor Pizarro hace la recomendación y en la misma medida yo sugeriría lo mismo", afirmó Pérez.
Además, evidenció su preocupación por la utilización del mecanismo de tutela para frenar las extradiciones de los jefes paramilitares, aunque advirtió que lo importantes es propiciar los espacios para que los responsables de la violencia en Colombia puedan contar su verdad a los funcionarios judiciales competentes del Estado colombiano.
Por su parte, María Inés Montaña, magistrada que frenó la extradición de 'Macaco', aseguró que las tutelas que eviten el envío de colombianos a las cortes de los Estados Unidos, dependen de cada caso individual. Por lo tanto, pidió no generalizar los casos.
"No sé hasta qué punto sea procedente la tutela en cada caso. Habría que analizarlo de forma independiente, estudiando lo que hayan hecho el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y la Red de Solidaridad", dijo la magistrada.
En el Valle del Cauca, un grupo de 300 personas víctimas del desmovilizado Bloque Calima de las AUC, acudieron a la instalación del comité de víctimas del conflicto armado para denunciar ante las autoridades los hechos de los que han sido objeto.
"Las víctimas, en medio de su dolor, saben que el gobierno, por medio de la Presidencia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y otros organismos internacionales, piensan indemnizar a estas personas", indicó Jaime Eduardo Solarte.
