La modernización de las políticas públicas pretende hacer al Estado francés más eficaz y menos costoso
PARIS, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Francia acometerá durante el año 2008 una amplia reorganización territorial marcada por la descentralización en el contexto de la modernización de las políticas públicas para hacer más eficaz y menos costoso el funcionamiento del Estado francés.
Será en la primavera cuando vuelva a reunirse el denominado Consejo de modernización de las políticas públicas, que lleva trabajando desde el verano de 2007 y el pasado 12 de diciembre presentó una primera batería de 97 medidas para agilizar el aparato administrativo. En su segunda reunión está prevista la elaboración de un presupuesto plurianual para el periodo 2009-2011.
Para lograr este gran objetivo del quinquenato del presidente Nicolas Sarkozy se barajan medidas que van desde la ampliación de los horarios de apertura de la administración hasta la creación de una agencia de compras del Estado, la creación de 'superministerios' o la simplificación del trámite de divorcio si es por mutuo acuerdo, una medida que ha desatado ya la ira de los magistrados.
En concreto, se quiere contar con menos funcionarios pero mejor pagados y tener a los usuarios más satisfechos, además de dar primacía a la política sobre la administración.
Los franceses podrán hacerse el pasaporte o el DNI en los Ayuntamientos, como ocurre ya en París, en lugar de tener que hacer cola en las delegaciones del Gobierno. Se simplificará el trámite para la concesión de visados de larga duración y el de solicitud de nacionalidad.
El papeleo que agobia a las empresas se reducirá en un 25% permitiendo así reinyectar unos 15.000 millones de euros en la economía. Se quiere mejorar el proceso de gestión del mercado público y la atención al público y reforzar la administración electrónica.
EL PENTAGONO FRANCES
Para permitir un control efectivo de la administración por parte de los ministros se reducirá el número de administraciones centrales. El ejemplo más emblemático de esta nueva política será la creación, cerca de la ciudad del Aire, en París, de un 'Pentágono' a la francesa, fruto de la reagrupación del conjunto de los servicios del Ministerio de Defensa.
Las políticas públicas regresarán, pues, al corazón de sus misiones y algunas estructuras se suprimirán mientras que otras, como el Alto Consejo del sector público, el Consejo nacional de evaluación y varios Centros interministeriales de información administrativa sufrirán readaptaciones.
Asesorado por 200 expertos de gabinetes y auditorías externas e internas, el Consejo plantea también una reorganización territorial inédita desde 1964, fecha en la que se crearon las delegaciones regionales del Gobierno, las prefecturas.
Reforzar la presencia del Estado en las llamadas colectividades territoriales --regiones, departamentos y territorios de ultramar-- para llevar hasta el final la lógica de la descentralización y simplificar los procedimientos administrativos, son los ejes de una reforma que pretende aclarar competencias, suprimir dispositivos redundantes y transferir financiación adicional y competencias residuales a quienes detentan la competencia principal de las políticas.
El grupo de trabajo encargado de las relaciones entre el Estado y las colectividades sugiere, en este sentido, que el Estado debe circunscribir su intervención a los asuntos que no puedan ser abordados a nivel local y, como segunda opción, plantea suprimir la cláusula general de competencias para los departamentos y las regiones, que tendrían entonces una lista restringida de competencias exclusivas.
En el caso de las áreas de competencia compartida, los expertos consideran que se debe limitar la cofinanciación. En definitiva, proponen una clara identificación de los servicios que están en manos de un sólo responsable, una máxima descentralización y la separación de funciones de arbitraje y control.
FISCALIDAD LOCAL
En cuanto a las relaciones financieras entre distintos entes, el punto de partida es tener un enfoque global del gasto público. Por lo que respecta a los recursos económicos de los territorios, el grupo de trabajo anima al Gobierno a implicarse en una "reforma ambiciosa de la fiscalidad local" y dejar a las colectividades decidir sus propios gastos en función de la presión fiscal que quieran ejercer sobre sus contribuyentes.
Con esta serie de propuestas, y especialmente con la especificación de las competencias, se cree que los ciudadanos entenderán mejor las políticas públicas y se evitarán despilfarros, además de otorgar una autonomía financiera a los territorios y establecer un sistema tributario más justo para los franceses y más eficaz desde el punto de vista económico, que puede contribuir a una mejor gestión de las finanzas públicas del país.
