Etiopía.- HRW acusa al Ejército etíope de ejecuciones, torturas y violaciones en su lucha contra los rebeldes de Ogadén

NUEVA YORK, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al Ejército etíope de cometer ejecuciones, torturas y violaciones entre la población civil en su lucha contra los rebeldes de la región de Ogadén, en el este del país, denunciando que la campaña contra la insurgencia equivale a "crímenes de guerra y contra la Humanidad" y ha provocado una crisis humanitaria entre la población de etnia somalí de la zona.

En su informe 'Castigo colectivo: crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la zona de Ogadén del estado regional Somalí de Etiopía', HRW documenta un dramático incremento de la violencia contra la población civil desde junio de 2007, cuando el Ejército lanzó su campaña contra los rebeldes del Frente Nacional de Liberación de Ogadén (ONLF) tras atacar una instalación petrolífera china.

"La respuesta del Ejército etíope a los rebeldes ha sido atacar con crueldad a los civiles en Ogadén", denunció la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "Estas atrocidades sistemáticas y extendidas equivalen a crímenes contra la Humanidad, pero los grandes donantes de Etiopía, Washington, Londres y Bruselas parecen mantener una conspiración de silencio en torno a estos crímenes", lamentó.

Los investigadores de HWR han localizado y entrevistado a más de 100 víctimas y testigos de abusos, así como a comerciantes, empresarios, dirigentes y funcionarios en la vecina Kenia, en la región semiautónoma de Somaliland (norte de Somalia) y en Etiopía. Además el estudio, que se realizó entre septiembre y diciembre de 2007, también cuenta con imágenes vía satélite que confirman la quema de aldeas.

En sus relatos, los testigos y las víctimas hablaron a HRW de palizas nocturnas con la culata de las pistolas, ejecuciones públicas y el incendio de aldeas enteras. Así, por ejemplo, el informe describe la respuesta del Ejército al ataque del 27 de abril de 2007 del ONLF contra la instalación petrolífera china en el que murieron más de 70 civiles chinos y etíopes.

En el momento cumbre de la campaña gubernamental contra los rebeldes entre junio y septiembre de 2007, los testigos explicaron que el Ejército desplazó a comunidades enteras y destruyó decenas de aldeas rurales; ejecutó al menos a 150 civiles, en ocasiones de forma pública para aterrorizar a aquellas comunidades sospechosas de respaldar al ONLF; y detuvo arbitrariamente a cientos de civiles en cuarteles militares donde fueron sometidos a palizas, torturas y violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según HRW, algunas de estas actividades violentas continúan en la actualidad y la organización considera que sus hallazgos "representan sólo una fracción de los abusos reales".

Por otra parte, el informe revela que las autoridades etíopes han incrementado el reclutamiento forzoso de fuerzas de milicia locales, muchas de las cuales son enviadas a combatir al ONLF sin entrenamiento militar, lo que provoca numerosas bajas.

Asimismo, acusa al ONLF de ser responsable de graves violaciones de las leyes de la guerra, incluidas la ejecución sumaria de los civiles chinos y etíopes durante el ataque de 2007, así como el asesinato de presuntos colaboradores del Gobierno, lo que suponen crímenes de guerra.

CRISIS HUMANITARIA

Según HRW, muchos civiles que viven en la zona del conflicto son nómadas que buscan nuevas zonas de pasto y mercados regionales para vender su ganado, pero desde mediados de 2007 las fuerzas etíopes han impuesto medidas para reducir el apoyo económico al ONLF, lo que incluye el bloqueo comercial de la zona de guerra, el acceso restringido al agua, los alimentos y las zonas de pasto, la confiscación de ganado y bienes comerciales, y la obstrucción de la asistencia humanitaria.

A esto se suma la sequía generada por la escasez de lluvias, lo que hace que esta "guerra económica" esté amenazando la vida de miles de civiles, muchos de los cuales no tienen acceso a ayuda alimentaria debido a la manipulación del Gobierno de la distribución de alimentos, según HRW.

"Los ataques del Gobierno, su bloqueo comercial y las restricciones a la ayuda equivalen a un castigo ilegal colectivo de decenas de miles de personas", denunció Gagnon. "A menos que las agencias humanitarias consigan acceso inmediato para evaluar independientemente las necesidades y supervisar la distribución de alimentos, se perderán más vidas", advirtió. Según la organización, el Gobierno etíope no respondió a sus peticiones de acceso a la zona.

El informe también analiza la respuesta del Gobierno etíope y de la comunidad internacional a los abusos. Por su parte, Etiopía niega las acusaciones y no las ha investigado o responsabilizado a nadie de ellas, mientras que los países donantes no le han exigido el respeto de los Derechos Humanos. Así, señala que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea dan al menos 2.000 millones de dólares (casi 1.300 millones de euros) al año a Etiopía en ayuda pero "han permanecido en silencio respecto a los abusos que se están cometiendo en Ogadén".

Por ello, HRW solicita a los principales donantes que presionen a Etiopía para que ponga fin a la violencia y pide en concreto a Washington que investigue las informaciones de abusos por parte de las fuerzas etíopes, identifique las unidades que los cometen y se asegure de que no reciben entrenamiento o asistencia estadounidense.

A Londres y Bruselas les reclama que condenen los abusos, pidan públicamente al Gobierno etíope que investigue los crímenes cometidos en la región de Somali, que reclame que se responsabilice a sus autores y se asegure de que sus fondos para el desarrollo no se usan para operaciones de seguridad.

"Los estados influyentes utilizan muchas excusas, como falta de información y prioridades estratégicas, para minimizar las graves preocupaciones por los Derechos Humanos en la región de Somali", subrayó Gagnon, insistiendo en que "los crímenes contra la Humanidad no pueden barrerse debajo de la alfombra". "Los gobiernos donantes deberían reconsiderar sus políticas sobre Etiopía hasta que estos abusos cesen y todos los responsables sean llevados ante la justicia", añadió.