MANAGUA, 21 Mar. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Nicaragua se ha comprometido este miércoles a liberar en un plazo de 90 días a todas las personas que aún permanecen en cárceles tras las protestas de hace casi un año, como un gesto para retomar el diálogo con la oposición para acabar con la crisis política que vive el país centroamericano.
La llamada "mesa de negociación", que integran el ministro de Asuntos Exteriores y miembros de la oposición, ha señalado que el Gobierno de Nicaragua ha comunicado su decisión de liberar a todos los "presos políticos" derivados de las protestas de abril del 2018, una demanda clave para reanudar el diálogo.
"La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas", ha indicado en un comunicado.
Desde finales de febrero, el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha liberado a 150 presos bajo la modalidad de libertad condicional o "casa por cárcel". La oposición cifra en 500 las personas encarceladas.
El diálogo, que se había reactivado a finales de febrero, se congeló después de que la Policía no permitiera una marcha opositora este sábado y detuviera a más de 100 personas que ese mismo día por la noche fueron liberadas.
La oposición condicionó este martes su permanencia en el diálogo a la liberación de todos los "presos políticos" tras las protestas, que han dejado más de 320 muertos y se suscitaron por una reforma a la seguridad social que disminuía las pensiones de los jubilados, pero que finalmente fue retirada.
La "mesa de negociación" también presentó su agenda para el diálogo, en la que incluyó el castigo para los culpables de las muertes de manifestantes, el tema más sensible después de la liberación de los encarcelados.
También incluyó una reforma electoral, a la que invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a sumarse, pero no dio más detalles de qué contemplaría esta iniciativa.
Las protestas en contra de Ortega han golpeado a la economía del país, algunos de sus funcionarios --incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
