MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El partido político Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial (CPDS) denunció mediante un comunicado "el totalitarismo cada vez más desenfrenado y descarado del régimen del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) y su presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde hace 28 años", así como el no cumplimiento de la ley y la justicia.
En el comunicado, esta formación política presentaba una larga lista de personas torturadas, incluyendo dos casos de muerte, y denunciaba la complicidad del Gobierno y el resto de instituciones estatales en la práctica de esta medida, a pesar de que el pasado 2 de noviembre se promulgara una ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura en Guinea Ecuatorial.
Una Comisión Especial por los casos de tortura, nombrada por el presidente y presidida por el Fiscal General del Estado, José Oló Obono, ordenó el ingreso en prisión a la espera de juicio de los principales torturadores, entre ellos el teniente coronel Juan Engonga y su superior Crisantos Ngomo; el sargento Diosdado y el soldado Florencio (ambos presuntos responsables de la muerte de Salvador Ndong Nguema, como consecuencia de las torturas padecidas en la cárcel de Evinayong). También fue encarcelada la alférez Rosa Mba Nguema, acusada de ordenar el asesinato de Lázaro Ondo Obiang en Ebibeyín.
En las sesiones del Consejo de Guerra celebrado en Bata en marzo se esperaba que fueran juzgados todos ellos, pero sólo fue Rosa Mba, condenada a siete meses de prisión. El sargento Diosdado y el soldado Florencio fueron puestos en libertad en febrero de 2008 (sin haber sido juzgados), por instrucción de un alto mando del Estado Mayor desde Malabo, siendo automáticamente reintegrados en sus puestos de trabajo en la guarnición de Evinayong.
Los comisarios Juan Engonga y Crisantos Ngomo, denunciados públicamente por el Parlamento Nacional y supuestamente privados de libertad por orden del Fiscal General y suspendidos de sus cargos a la espera del juicio, tampoco fueron juzgados y además actuaron como magistrados-vocales, juzgando a otros encausados.
"Estos hechos confirman la naturaleza irresponsable del régimen que gobierna Guinea Ecuatorial, desacreditan totalmente la función y acción del Fiscal General del Estado y de la Comisión Especial", añadía el comunicado de la CPDS. Además, incidía en que estos son hechos que demuestran el "desprecio a la legalidad vigente, a la acción de la justicia y los Derechos Humanos".
