COLOMBO (SRI LANKA), 15 Dic. (Reuters/EP) -
Naciones Unidas ha instado este viernes al Gobierno de Sri Lanka a adoptar reformas urgentes para acabar con el conflicto que ha enfrentado al Ejército contra el grupo rebelde Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) y para poner fin a las detenciones arbitrarias, ámbito en el que la organización ha destacado la importancia de fortalecer una legislación firme e independiente.
En materia de terrorismo, Sri Lanka siempre ha mantenido en vigor la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA, por sus siglas en inglés) de 1979, que destaca por su dura línea de prevención y lucha contra la insurgencia.
Esta legislación da potestad a la Policía para detener a los sospechosos sin la obligación de informar a sus familiares de forma inmediata y, además, limita el acceso del acusado a recibir la asistencia de un abogado y establece que el periodo de privación de libertad sin cargos formales puede extenderse hasta los 18 meses.
El conflicto entre el Ejército de Sri Lanka y los LTTE acabó en 2009, pero el Gobierno no ha derogado la PTA aunque se ha comprometido a acabar con las detenciones arbitrarias. Muchos ciudadanos de la minoría étnica tamil que han sido detenidos bajo la normativa han sufrido años de detención sin ser juzgados.
La ONU ha instado al Ejecutivo de la isla a revocar esta ley arcaica y a introducir una nueva que sea internacionalmente aceptable. El Ejecutivo del presidente, Maithripala Sirisena, ha asegurado que ha empezado a trabajar para reemplazar la PTA y ha subrayado que está en proceso de introducir una nueva legislación.
NECESIDAD DE ORGANISMOS INDEPENDIENTES
Un miembro del grupo de trabajo de la ONU para las detenciones arbitrarias ha señalado en declaraciones a Reuters que, en este contexto, "no existe una protección efectiva contra las arbitrariedades" y ha destacado que existe "la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos para una gestión y una supervisión independientes".
La organización internacional ha denunciado que existen limitaciones significativas relacionadas con el derecho a ejercer la libertad personal, lo que ha provocado que se produzcan detenciones arbitrarias en todo el país.
Este grupo de trabajo también ha explicado que su atención se ha centrado en la pérdida de libertad en una sociedad vulnerable, incluyendo a niños, mujeres, personas de avanzada edad, con problemas psicosociales o personas pobres.
Sri Lanka ha sido criticada por los grupos defensores de Derechos Humanos debido a los escasos avances de los acuerdos firmados con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La resolución de la ONU instaba a la reconciliación entre todas las partes y a proceder a investigar todos los crímenes de guerra denunciados.
POCOS AVANCES
La guerra civil en Sri Lanka, que duró 26 años, acabó en 2009 con una aplastante derrota de los separatistas. La ONU y los grupos defensores de Derechos Humanos han acusado al Ejército de matar a miles de civiles, la mayoría de ellos de la minoría tamil, durante las últimas semanas del conflicto.
Los Tigres Tamiles también han sido acusados de cometer abusos durante la guerra, incluyendo la captura de niños soldados o la muerte intencionada de civiles, mediante ataques suicidas.
En noviembre, los legisladores europeos advirtieron de que estaban decepcionados por los pocos avances de las reformas gubernamentales en materia de Derechos Humanos, que Sri Lanka había prometido a cambio de concesiones comerciales.
Un observatorio de la ONU hizo un llamamiento al Gobierno de Sri Lanka en 2016 para que investigara las acusaciones por tortura y violaciones que las fuerzas de seguridad habrían cometido contra los detenidos, así como para controlar el poder de la Policía.
El Comité contra la Tortura de la ONU recogió casos de secuestros, muertes bajo custodia, malas condiciones de detención y el uso de confesiones forzadas ante los tribunales.
