GINEBRA, 28 Jun. (Reuters/EP) -
La ONU ha instado este martes a las autoridades de Sri Lanka a perseguir los crímenes de guerra perpetrados en el país durante la guerra civil contra los rebeldes tamil para ganarse la confianza de la minoría étnica, así como a ejercer un mayor control sobre sus fuerzas militares.
Los testigos deben ser protegidos bajo un mecanismo legal efectivo que debe incluir magistrados a nivel internacional, según ha indicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Rad Al Husein. Todo apunta a que tanto el Ejército como los rebeldes, que luchaban por un territorio tamil independiente en el norte de la isla, cometieron crímenes de guerra durante el conflicto, que acabó en 2009 y duró 26 años, según la ONU.
El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, en el Gobierno desde 2015, ha "consolidado su posición y ha creando un entorno político enfocado a la realización de reformas", según el informe de la ONU. Sin embargo, la justicia se ha estancado, así como la intención reformista, que señala que "debe sostenerse la investigación de los casos tan pronto como la Fiscalía suponga un cambio en positivo respecto a la impunidad vivida en el pasado", según la organización.
"La continuación de los arrestos arbitrarios, la tortura y la violencia sexual, así como el aumento de la vigilancia militar y el acoso, deben detenerse paulatinamente, y las estructuras que promueven estas prácticas deben ser desmanteladas", ha indicado el Alto Comisionado.
Sirisena ha señalado que la participación extranjera no es necesaria para llevar a cabo investigaciones imparciales. Muchos ceilandeses se oponen al desarrollo extranjero y los adeptos del expresidente Mahinda Rajapaksa consideran que los esfuerzos de la ONU buscan castigar, injustamente, al Ejército de Sri Lanka.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá el miércoles el informe del Alto Comisionado en un día en el que se espera que el Gobierno de Sri Lanka se comprometa a perseguir a los posibles autores de los crímenes. Las autoridades del país han admitido por primera vez que más de 65.000 personas continúan desaparecidas.
La ONU y varios grupos de activistas han instado a las autoridades a ofrecer justicia a las familias de los desaparecidos, lo que incluye a aquellos que puedan haberse unido a grupos paramilitares respaldados por el Gobierno. Al menos 250 detenidos siguen arrestados bajo la ley de prevención del terrorismo, según la ONU, que ha instado al Gobierno a liberarlos.
El informe realizado por el organismo de la ONU resalta "el compromiso militar en actividades comerciales, lo que incluye el sector turístico y la agricultura" y denuncia las campañas agresivas llevadas a cabo en las redes sociales, donde se "enfrentan nacionalismo, etnia y religión".
