NUEVA YORK, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) ha pedido a las autoridades sirias que desestimen los cargos criminales por difamación contra dos periodistas de investigación, Bassam Ali y Suhaila Ismail, que se enfrentan a una posible condena de tres años de cárcel de un tribunal militar por dos reportajes que publicaron en 2005 y 2006 sobre corrupción y malversación de fondos públicos en la Empresa Pública de Fertilizantes de Siria.
Los autores de la investigación concluyeron que casi 2.000 millones de libras sirias (unos 34 millones de euros) habían sido malversados en un año en la Empresa Pública de Fertilizantes de Siria.
"Bassam Ali y Suhaila Ismail no deberían afrontar cargos de difamación en absoluto y mucho menos en un tribunal militar (...). Llamamos a las autoridades a retirar todos los cargos contra ellos, considerando que el Ministerio del Gobierno tuvo a bien expulsar al responsable de la compañía como consecuencia de estos artículos", declaró el subdirector de CPJ, Robert Mahoney. El CPJ es una organización estadounidense de defensa de la libertad de prensa y de los profesionales del periodismo.
Por su parte, desde el sitio web de noticias 'All4Syria' (Todos por Siria), Ali e Ismail denunciaron que el proceso judicial, transferido a un tribunal militar, se está llevando a cabo sin su participación. "Los procedimientos judiciales que se hacen en nuestra contra se han realizado sin nuestro conocimiento durante muchos meses, sin notificación oficial alguna", aseguraron.
Un año después de la publicación del reportaje, el ministro de Industria despidió al director de la compañía de fertilizantes, Abd As Samed al Yaffi, y ordenó asimismo que los fondos y propiedades del Al Yaffi y su esposa fueran puestos a disposición de las autoridades, informa la organización citando a medios locales.
Tras su expulsión, Al Yaffi interpuso una demanda contra Ali e Ismail por difamación y "resistencia al sistema socialista", argumentando que los artículos animaban a desmantelar el sistema público a través de "acusaciones infundadas".
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