DUBLÍN, 31 May. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Irlanda ha dictaminado que la prohibición de que los solicitantes de asilo puedan trabajar es inconstitucional y ha dado al Parlamento seis meses para que considere cómo abordar una ley que daña la autoestima de aquellos que buscan la condición de refugiado.
Irlanda es uno de los dos países de la Unión Europea, junto con Lituania, que prohíbe de manera explícita el empleo durante el procedimiento de asilo, que no tiene límite de tiempo y puede durar años.
Antes de recibir una respuesta a su solicitud, los solicitantes de asilo en Irlanda deben vivir en un alojamiento proporcionado por el Estado, conocidos como centros de prestación directa, donde los adultos reciben una paga de 19 euros semanales.
"En mi opinión, el objetivo se consigue cuando no se puede decir que las diferencias legítimas entre un solicitante de asilo y un ciudadano pueden continuar justificando la exclusión de un solicitante de asilo de la posibilidad de empleo", ha asegurado el juez Donal O'Donnell al dar a conocer el fallo este martes.
"El daño a la autoestima del individuo es exactamente el daño que el Derecho Constitucional pretende evitar. Si esto se aplicara a un ciudadano, sería difícil o casi imposible de justificar", ha añadido.
El Consejo de Inmigración de Irlanda ha asegurado que el dictamen es una "buena noticia" y ha opinado que eliminará la barrera que facilitará la integración de los solicitantes de asilo en el país.
"El impacto de la prohibición de trabajo va mucho más allá que simplemente el rechazo a que puedan conseguir un empleo. Afecta a su autoestima, a su salud mental, a sus hijos, les limita a una vida en la pobreza y afecta a su oportunidad para integrarse a la sociedad irlandesa", ha señalado el director ejecutivo del Consejo de Inmigración de Irlanda, Brian Killoran.
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