El TPI emite una nueva orden de arresto contra el presidente de Sudán

Reuters
Actualizado: lunes, 12 julio 2010 18:47


MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió este lunes una segunda orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, al considerar que hay motivos razonables para creerle responsable de tres cargos de genocidio cometidos contra los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa, señaló el tribunal en un comunicado.

Entre estos cargos, se incluye el de genocidio por asesinato, así como el de genocidio por causar daños graves físicos y mentales y el de genocidio por infligir deliberadamente sobre cada grupo unas condiciones de vida calculadas que llevarían a la destrucción física a los grupos.

Esta segunda orden de arresto no reemplaza ni revoca en ningún aspecto la primera orden de arresto emitida contra Al Bashir el 4 de marzo de 2009, que seguirá en vigor, subraya el TPI. "En la anterior orden de arresto, la Cámara consideró que hay motivos razonables para creer que al Bashir es criminalmente responsable por cinco cargos de crímenes contra la Humanidad --asesinato, exterminación, traslado forzoso, tortura y violación-- y dos cargos por crímenes de guerra", consistentes en "dirigir ataques intencionados contra la población civil o contra personas que no tomaban parte en las hostilidades, además de saqueo", prosigue el tribunal.

Ahora, la sala de instrucción del TPI ha solicitado al secretario del tribunal que prepare una petición de cooperación suplementaria en la que se solicite el arresto y entrega de Al Bashir por las acusaciones contenidas en las dos órdenes de arresto, y que transmita esta solicitud a las autoridades sudanesas, a todos los estados que forman parte del Estatuto de Roma y a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no son estados parte del Estatuto.

Al Bashir niega haber causado la muerte de hasta 300.000 personas y haber llevado a cabo una campaña de "violaciones, hambre y miedo" contra otros 2,5 millones en campamentos de refugiados, y su Gobierno ha rechazado colaborar con el TPI.