WASHINGTON, 8 May. (Reuters/EP) -
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha impedido este lunes que la Administración del presidente, Donald Trump, trasladara inmediatamente a un ciudadano estadounidense acusado de ser miembro de la organización yihadista Estado Islámico de Irak a un tercer país no identificado, en principio Arabia Saudí.
El hombre, con doble nacionalidad estadounidense y saudí, fue capturado en Siria y estuvo retenido en Irak sin representación legal hasta que la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) intervino en su nombre ante el tribunal federal de Estados Unidos en octubre de 2017.
La Administración estaba tratando de trasladar la custodia del hombre, que no ha sido identificado, a pesar de que los tribunales estadounidenses no habían resuelto el desafío legal de obtener su liberación. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló este lunes 2-1 para mantener la decisión de la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan el mes pasado que había sido detenido para el traslado planeado.
La portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kerri Kupec, ha señalado que el gobierno está revisando la decisión.
Se cree que Arabia Saudí es el país al que Estados Unidos desea enviar al detenido, según la base de los medios y una referencia en una presentación judicial.
La ACLU archivó una solicitud de 'habeas corpus' en nombre del hombre, asegurando que Estados Unidos no tenía derecho legal de detener a un ciudadano estadounidense sin cargos y que tenía el derecho de impugnar su detención ante el tribunal. La ACLU ha argumentado que su detención vulnera el pretexto de la Constitución estadounidense sobre el derecho a un debido proceso legal.
El hombre fue capturado en septiembre de 2017 por las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza de milicias que luchaban contra Estado Islámico, antes de ser entregado a Estados Unidos.
Estados Unidos informó de que tenía pruebas de que se inscribió como un combatiente extranjero de Estado Islámico en 2014 y que entró en Siria en enero de 2015, según documentos judiciales. Además, el detenido, que tiene un título de ingeniería eléctrica, está casado y tiene un hijo.
La ACLU ha señalado que la Administración Trump no ha presentado pruebas de que el hombre haya luchado para Estado Islámico y ha añadido que si tiene pruebas de criminalidad debería acusarlo en un tribunal estadounidense, donde tiene la capacidad de ejercer sus derechos constitucionales.
