ESTRASBURGO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo respaldó hoy convertir a Europol en una agencia comunitaria, de modo que su financiación correría a cargo de las arcas europeas, mientras que sus empleados pasarían a ser funcionarios de la UE. No obstante, la Eurocámara aprobó revisar la decisión seis meses después de que entre en vigor el Tratado de Lisboa.
El Parlamento Europeo dio su visto bueno a la propuesta de la Comisión de cambiar el estatuto legal de Europol para crear una "Oficina de la Policía Europea" con los votos a favor de 502 eurodiputados, 46 en contra y 41 abstenciones. El eurodiputado español popular Agustín Díaz de Mera ha sido el ponente parlamentario encargado de tramitar la propuesta.
Los parlamentarios aprobaron una enmienda que reclama la revisión de esta decisión seis meses después de la entrada en vigor del recién firmado Tratado de Lisboa, prevista para enero de 2009. El Tratado otorga a la Eurocámara poder de codecisión en los asuntos relacionados con Europol y sitúa a la Oficina de Policía Europea bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El objetivo de Europol, que se creó en 1955, consiste en facilitar la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo y crimen organizado entre los Estados miembros.
A juicio de Díaz de Mera, el cambio de estatuto "supone la ampliación del campo de acción de Europol a otros tipos y figuras delictivas graves que son cometidos al margen de una trama criminal organizada" dado que la propuesta prevé disposiciones para coordinar, organizar y ejecutar acciones de investigación y operativas realizadas conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el contexto de equipos conjuntos de investigación.
Los eurodiputados reclamaron competencia para poder intervenir en la elección del director de Europol, al tiempo que exigieron introducir algunas modificaciones en la propuesta en los ámbitos de control democrático y protección de datos, para que sólo se empleen las "categorías especiales de datos" --relativos al origen racial o étnico, las convicciones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación política o sindical, la orientación sexual o la salud-- "cuando sea absolutamente necesario y proporcionado en un caso concreto y dentro del respeto de las salvaguardias específicas".
