Violencia en América Latina, un lastre para la economía

La violencia le cuesta a los países de la región el 3,55 por ciento de su PIB

MADRID, 11 Feb. (EDIZIONES) -

Cada 15 minutos cuatro personas son víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe, lo que convierte a esta región en la más violenta del mundo. Una violencia, que supone un lastre para su economía, con una pérdida estimada del 3,55 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El récord de 23,9 homicidios por cada 100.000 habitantes --según datos de 2012-- que ostenta la región, la sitúa muy alejada de los niveles del resto de continentes: África (9,7%), América del Norte (4,4%), Europa (2,9%) y Asia (2,7%). En 2012, fueron asesinadas 145.759 personas en América Latina y el Caribe, es decir, 400,44 al día y 4,17 cada 15 minutos.

Aunque la región solo cuenta con el 8 por ciento de la población mundial, en ella se producen el 37 por ciento de los homicidios, según se desprende de los datos recogidos en el informe 'Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta', publicado esta semana por el Banco Mundial.

Ocho de los diez países más violentos del mundo están en esta región y en 2013, 42 de las 50 ciudades más violentas se encontraban en países latinoamericanos y del Caribe, siendo 16 de ellas las que ocupaban los primeros puestos de este triste ránking.

Además, en la región hay ocho países que superan el nivel de violencia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como de "conflicto", es decir, 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que en el caso de Honduras es de 90 por cada 100.000 y en el de Venezuela de 54 por cada 100.000. El listado lo completan: Colombia, San Cristóbal y Nieves, Guatemala, Jamaica, El Salvador y Belice.

Según el estudio, "desafortunadamente, el nivel de violencia 'endémica', definido por la OMS como de 10 homicidios por cada 100.000, parece ser la norma en la región". Por debajo de este nivel se sitúan Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Costa Rica, Surinam, Perú y Paraguay.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Una de las principales conclusiones de este informe del Banco Mundial es que la reducción de la pobreza no ha ido acompañada por una reducción de la violencia, puesto que en los últimos 15 años la tasa de homicidios se ha mantenido en una media de 24 por cada 100.000 habitantes, pese a que entre 2003 y 2011 la pobreza pasó de afectar al 45 por ciento al 25 por ciento de la población.

Entre 2003 y 2012, más de 80 millones de latinoamericanos superaron el umbral de la pobreza moderada, mientras que la clase media pasó de representar al 20 por ciento de la población en 2003 a ser el 34 por ciento en 2012. Pese a ello, según el informe, "los niveles de violencia aumentaron o se mantuvieron constantes en todos los países con la excepción de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay".

Así pues, "el desarrollo económico per se no parece ser suficiente como para parar la violencia" en América Latina y el Caribe, sino que para que éste tenga un impacto "debe ocurrir a un ritmo bastante rápido". De acuerdo con el estudio, un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento del PIB se relaciona con alrededor de 0,24 homicidios menos por cada 100.000.

Tampoco se ha podido demostrar, añade el informe del Banco Mundial, que haya una correlación entre desempleo y delincuencia, aunque en el caso de la región sí se ha constatado que un aumento de un punto porcentual en el desempleo juvenil deriva en 0,34 homicidios por cada 100.000 más.

GEOGRAFÍA, EDAD Y SEXO

Por otra parte, el estudio pone de relieve que existe un amplio margen en los niveles de violencia que registran los distintos países de la región, pero también a nivel nacional, con algunas regiones y municipios acaparando el grueso de los homicidios.

Un buen ejemplo de ello es México, donde la tasa de homicidios pasó de 10,34 por cada 100.000 en 2000 a 21,85 en 2010. El estado de Chihuahua registraba este último año 187,6 homicidios por cada 100.000, frente a los 19,2 que tenía al inicio de la década, mientras que la tristemente famosa Ciudad Juarez pasó de un índice de 14,1 por cada 100.000 a 263,2 en 2010, lo que suponía el 60% de los asesinatos en el estado y el 15% del total en México.

Por grupos de edad, los más afectados por la violencia y en mayor riesgo de ser víctimas de la misma son adolescentes y jóvenes con tasas de 2,8 por cada 100.000 en la franja de 10 a 14 años; de 3,1 en la franja de 15 a 19; y de 48,2 entre aquellos con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.

"La violencia es ejercida por y afecta desproporcionadamente a los jóvenes varones: en casi todas las edades, los muchachos son al menos 10 veces más propensos que las mujeres de su edad a ser asesinados", destaca el informe.

COSTE ECONÓMICO

Pero ¿qué coste tiene este elevado nivel de violencia para América Latina? Según el informe 'Los costos del crimen y la violencia' publicado esta semana por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región pierde al año 261.000 millones de dólares, es decir, el 3,55 por ciento de su PIB, lo que equivale al total de lo que los países de la región invierten en infraestructura.

Esta cifra, que equivale a los ingresos del 30 por ciento de los más pobres de la región, es muy superior a las pérdidas que la violencia ocasiona para otros países como Estados Unidos (2,75% del PIB), Reino Unido (2,55%) o Alemania (1,34%).

En concreto, según los cálculos del PIB, la violencia tiene un coste social que se sitúa en el 0,64% del PIB por las pérdidas de vidas y los heridos, así como por el gasto que supone la población carcelaria; un gasto en seguridad por parte de los hogares y los negocios, que cifra en el 1,37%; y un gasto fiscal, incluido el realizado en fuerzas de seguridad y prisiones, del 1,51%.

La región de América Latina y el Caribe realiza un elevado gasto en prisiones, teniendo en cuenta la alta tasa de encarcelación --y la consiguiente superpoblación característica en muchos de los países--. Así, según el BID, entre 2010 y 2014 la región gastó 6.500 millones de dólares al año para construir y mantener sus cárceles, mientras que los individuos encarcelados sumaron ingresos cesantes por valor de 7.300 millones de dólares.