La actual ley canaria de Comercio no necesita de modificaciones para adaptarse a la directiva Bolkestein, según la ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha elaborado un informe --a petición de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tenerife-- en el que se ha señalado que la actual Ley de Comercio de Canarias se adapta a la Directiva europea de Bolkestein ya que mantiene criterios de no discriminación, es proporcional y responde a razones de interés general.

A la vista de las conclusiones, la Confederación Regional de Comercio (Coreco) solicitará al Gobierno de Canarias que se mantenga el "actual sistema de autorización para la implantación de grandes establecimientos, centros comerciales, tiendas de descuento duro y saldo permanente establecidos en la Ley 10/2003 y decretos 232/2005".

Así lo han informado hoy en rueda de prensa tanto el profesor universitario y economista responsable del proyecto, José Luis Rivero Ceballos, el presidente de la Cámara, Ignacio González, y el presidente de Coreco, Luis de Miguel, tras la presentación de las principales conclusiones del informe.

Ceballos comenzó su exposición señalando que el objetivo de esta directiva --"de obligado cumplimiento", según el Parlamento Europeo-- es para incrementar la competencia. En este sentido indicó que "hay que razonar si en lugares como Canarias se aumenta o no la competencia". Valoró, así, que según el artículos 299.2 de tratado de la Comunidad Europea, el archipiélago es un territorio vulnerable, alejado y de frágil.

Por esta razón, y de acuerdo con el estudio, se considera necesario establecer "barreras de entrada", ya que "la liberalización radical de los comercios con una economía como la de Canarias pueden generar posiciones de dominio" contrarios a la libre competencia que persigue la directiva europea.

"El sistema de autorización es necesarios en tanto la implantación de locales de gran dimensión seguiría afectando al tejido empresarial local, no mediante prácticas de libre concurrencia, sino probablemente a través del ejercicio de la posición de dominios y las barreras de entrada, provocando formas de mercado irreversibles, que disuaden la emprendiduría", se subraya en el informe.

Ceballos señaló, asimismo, que el actual sistema de autorización "ha permitido que se instalaran en Canarias en los últimos años todo tipo de comercios incluidas grandes superficies", por lo que según el economista "se evita la confrontación con el objetivo final de la directiva Bolkestein".

El profesor universitario añadió asimismo que las directivas vigentes no son discriminatorias y proporcionadas "en función a la demanda existente". Destacó que este tipo de ajustes han sido defendidos en todo momento por el Gobierno de canarias que ha ido solicitando y admitiendo excepciones "como esta" en un territorio RUP como es Canarias.

DESTRUCCIÓN TOTAL DEL TEJIDO COMERCIAL

El presidente de Coreco, tras oir las palabras de Ceballos, defendió que "si en una RUP se una entrada e comercio duro y con libertad de horarios supondría la destrucción total del comercio tradicional" del que dependen entre 135.000 y 161.000 familias.

Insistió en la necesidad de proteger el pequeño y mediano comercio, así como las directrices que actualmente rigen el sector. Anunció que el Gobierno de Canarias maneja un borrador sobre la aplicación de la directiva que "no se nos ha consultado y deberá pasar por el Parlamento". Dijo que, en caso, de que no se hable con los comerciante, acudirán por iniciativa propia a la Cámara canaria con el informe, para solicitar que se les escuche".

El presidente de la Cámara de Tenerife también apuntó en la misma línea, aseverando que "en Canarias no cabe una apertura absoluta de los servicios". Pidió al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que cumpliera con su compromiso como candidato de articular 1.100 medidas para la modernización de Canarias, garantizando la "subsistencia" del comercio tradicional de las islas.