LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha presentado este lunes una hoja de ruta para hacer lo que ha denominado como la "transición" entre la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la Renta Canaria de Inserción, y cuyas medidas tendrán un coste de 135 millones de euros aproximadamente en el año 2023 a diferencia de los 60 millones de euros actuales.
Las medidas a las que ha hecho mención Valido este lunes fueron acordadas en la mesa de concertación social del 3 de octubre de 2018, y apuntó que estas acciones del Gobierno canario se diferencian de la propuesta de Podemos realizada al respecto porque "carece de información" tanto sobre el impacto social como económico y de recursos humanos necesarios, de ahí que la respuesta del Ejecutivo regional "no" ha podido ser favorable.
En este sentido, Valido defendió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que Canarias está "dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual" disponga de una renta ciudadana "digna y permanente en el tiempo", siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia.
Así, para este periodo de 'transición', y como medida prioritaria, para lo que el Gobierno canario presentará en el Parlamento regional una enmienda a la nueva Ley de Servicios Sociales, se encuentra que las familias sin ingresos y con hijos no salgan del sistema de la PCI y se mantengan en el mismo hasta que su situación cambie.
Actualmente, las familias con hijos y sin ingresos en Canarias acogidas a la PCI son 8.000 y en 2019 --donde ya contemplan los presupuestos regionales la no salida del sistema-- se destinarán 54 millones de euros para estas prestaciones, que aumentará hasta los 107 millones de euros en el año 2023, cuando se prevé que se beneficien unas 32.000 familias según los cálculos de los técnicos.
Otras de las medidas que se pretende incorporar en esta 'transición' es la de incorporar a jóvenes, de entre 18 y 25 años de edad, de familias sin ingresos, con el objetivo, dijo Valido, de motivarles y que "no abandonen su formación"; también se contempla no perder la PCI estando por debajo del IPREM al igual que a las pensiones de viudedad que se encuentran por debajo del IPREM, entre otras.
Además se pretende pasar de los 4,2 millones de euros en 2019 del programa de inclusión a los casi 8 millones de euros en el año 2023; o de los 6,2 millones de euros para personal este año a los 12 millones de euros en el año 2023 porque.
Esta "es una apuesta realizable", por lo que consideró que es un documento que se puede "sacar adelante", ya que además da la posibilidad a quien gobierne dentro de cinco años de ampliar, si así lo considera, los grupos beneficiarios de la Renta Canaria de Inclusión.
Asimismo, indicó que dentro de cinco años, Canarias podrá situarse en la media de inversión nacional en políticas sociales de donde actualmente, lamentó, se ha alejado debido a la falta de financiación.
