Canarias no descarta acudir al Supremo para defender sus singularidades en el decreto de universidades

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, el acuerdo para presentar un requerimiento previo al Gobierno central --sin descartar acabar en el Supremo-- frente al nuevo Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que modifica la normativa sobre la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien ha señalado que el decreto "no ha tenido en cuenta" las singularidades de Canarias, caso de su población y dispersión territorial.

Ha apuntado que en las alegaciones se ha solicitado que no se pongan límites al número de alumnos o residencias de estudiantes o la obligación de ofrecer titulaciones en distintas ramas de conocimiento porque para Canarias "es muy complejo" cumplir con determinados criterios, y aunque ha defendido que hay "mano tendida para negociar y avanzar", no ha descartado que podría llegar hasta las "últimas consecuencias" con un recurso ante el Tribunal Supremo.

"Esto no es buscar litigiosidad sino buscar una adaptación a la realidad canaria", ha señalado.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que "el Estado no puede legislar como si todos los territorios compartieran las mismas condiciones geográficas, poblacionales o económicas".

Canarias es un archipiélago, con un sistema universitario distribuido y con realidades muy distintas entre islas. Ignorar esa circunstancia supone desconocer nuestra singularidad y poner en riesgo los principios de equilibrio y cohesión territorial", apunta

Machín recuerda que Canarias "siempre ha mostrado su disposición a colaborar con el Estado en todas las iniciativas que fortalezcan el sistema universitario canario, pero dentro del respeto al marco competencial y al modelo descentralizado que reconoce la diversidad territorial".

En esa línea, añade que "este requerimiento no es un gesto de confrontación, sino una defensa legítima del autogobierno y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior".

El Gobierno de Canarias también advierte de que el nuevo Real Decreto plantea un riesgo de invasión competencial al pretender otorgar carácter vinculante a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluso en comunidades que cuentan con agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).

En el caso de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) dispone de ese reconocimiento europeo, lo que acredita su solvencia técnica y su plena capacidad para evaluar programas e instituciones universitarias conforme a los estándares internacionales del Espacio Europeo de Educación Superior.