La del 'caso de Tebeto' es la segunda comisión de investigación que se solicita en el Parlamento canario en este mandato

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación solicitada ayer por el grupo socialista en el Parlamento de Canarias sobre el denominado 'caso Tebeto' es la segunda comisión que se impulsa en la presente legislatura después de que el 23 de octubre de 2007, Coalición Canaria (CC) se interesase por 'el caso de los niños desaparecidos' en el archipiélago.

Finalmente el pasado 6 de junio la propuesta de los nacionalistas se transformó de una comisión de investigación a una de estudio, aunque aún no se ha puesto a andar. "La propuesta no se ha paralizado sino que es decisión nuestra decidir el momento en el que la llevamos a Pleno", aseguró el portavoz de CC, José Miguel Barragán a finales del pasado mes de marzo.

La propuesta ocasionó un gran revuelo porque entre sus firmantes se encuentra el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, aunque en calidad de miembro del grupo de CC en el Parlamento y no como líder del Ejecutivo. El PP afirmó que "compartía" la filosofía de la misma. En el lado contrario se posicionó el PSOE, cuyo rechazo a la misma fue absoluto y acusaron a los nacionalistas de "utilizar el dolor de las familias".

Ahora los socialistas quieren esclarecer los hechos y actuaciones de las Administraciones Públicas canarias, personas físicas y jurídicas, así como la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar, en relación con el Recurso Contencioso Administrativo número 848/94, Sentencia 586/1998 y del Recurso Contencioso Administrativo número 352/08, Sentencia 132/2007, así como todos los expedientes administrativos relacionados de forma directa o indirecta con dichas causas judiciales, todo ello, relativos a la concesión de explotación minera a favor de la empresa Canteras Cabo Verde SA, en Montañetas de Tebeto, en Fuerteventura.

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha obligado a pagar a la familia Bittini una indemnización de más de 90 millones de euros. Se pide la ejecución provisional de la sentencia que el pasado 11 de julio condenó al Ejecutivo regional a abonar 92.295.312 euros a la empresa Canteras Cabo Verde S.A. El Gobierno de Canarias dictó en su día dos resoluciones mediante las que declaraba caducadas las concesiones, motivo por el cual la sociedad mercantil acudió a la Justicia y le fue otorgada la razón en el TSJC, por lo que el alto tribunal canario concedía a la empresa la titularidad de los derechos mineros de Tebeto.

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

La diputada del PSOE, Francisca Luengo, explicó a Europa Press que su grupo quiere dar la mayor "celeridad" posible a la puesta en marcha de la comisión por lo que adelantó que previsiblemente el próximo mes de enero ya pueda estar constituida y comiencen a intervenir los primeros comparecientes.

"Hay que esclarecer todo", expuso la socialista para responder a CC y PP que ayer habían puesto condiciones a la comisión. Ambos grupos quieren que se investigue desde 1993 y la concesión a la cantera de Arucas, en Gran Canaria. "Intentan crear dudas", se limitó a decir Luengo al tiempo que aseguró que no quiere que la iniciativa se convierta en una "pantomima".

En esta línea, concluyó que "esto no ha hecho más que comenzar" y reconoció que el PSOE "no se ha caído de un guindo", haciendo referencia a la efectividad de la comisión de investigación y recordando lo sucedido en la legislatura pasada con las comisiones del caso 'Eólico' y 'Amorós'.

El artículo 50 del Reglamento de la Cámara regula la creación de las comisiones de investigación. Así expone que será el Pleno del Parlamento, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara --este es el caso de la comisión de Tebeto sustentada en 15 firmas socialistas--, quién podrá acordar la creación de comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

Las comisiones elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Parlamento, de cualquier persona para ser oída. Dicho requerimiento deberá ser comunicado con una antelación mínima de quince días, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso seráinferior a tres días.

Las conclusiones de estas comisiones, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara, junto con los votos particulares que presenten los grupos parlamentarios dentro del plazo abierto al efecto.

Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento regional y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa de la Cámara dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.