Déniz señaló la necesidad de que las reuniones con las CCAA cuenten con la presencia del Ministerio de Justicia
SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, avisó hoy que no apoyará respuestas "drásticas" de los jueces ante el colapso judicial, en referencia a la amenaza del juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, de reducir a la mitad los juicios a celebrar en 2009 y a las anunciada huelga de jueces para el mes de febrero.
Bravo se pronunció así al término de la primera reunión del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, con los responsables de Justicia de las once comunidades con las competencias transferidas para abordar la situación de la Administración Justicia y el "malestar generalizado" de la carrera judicial.
La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, que estuvo presente, señaló la necesidad de que este tipo de reuniones cuente, además, con la presencia del Ministerio de Justicia, para "poner sobre la mesa todos los problemas que afectan a la Administración de Justicia y avanzar juntos en una misma dirección".
En este sentido, la portavoz del CGPJ señaló al ser preguntada por el anuncio del juez decano de Córdoba que "determinadas medidas no van a favorecer el normal funcionamiento del servicio público". "El Consejo lamenta que se anuncien medidas tan drásticas, pero esperamos que no se lleven a cabo", remachó.
"Confiamos en que los jueces van a entender que les estamos apoyando y que cualquier medida que perjudique al servicio público y en definitiva al ciudadano, la ciudadanía no lo entenderá, pero van a tener nuestro apoyo en las reivindicaciones, porque aún siendo históricas es necesario abordarlas", manifestó.
Bravo señaló al respecto que el objetivo de reuniones entre el Consejo y las comunidades o del trabajo de los vocales territoriales es, además de concentrar esfuerzos en mejorar la justicia, que "los jueces y magistrados de este país sientan que están apoyados y que todas las reivindicaciones que sean legitimas van a ser atendidas", dijo.
En este contexto, admitió la "preocupación" de las comunidades autónomas porque se lleven a cabo "medidas de conflicto especialmente drásticas", puesto que "pueden ocasionar un conflicto irreparable para el ciudadano y éstas consideran que "no son las más oportunas en este momento".
"Tanto el Ministerio como las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial debemos salir y mostrar el compromiso de que de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que estas reivindicaciones sean atendidas pero que reflexionen en cuanto a la oportunidad de las medidas anunciadas", sentenció.
EVITAR LAS HUELGA.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio y las comunidades autónomas trabajarán y colaborarán para evitar la huelga planteada por jueces de diversas provincias para el próximo 18 de febrero, "una situación que, sin duda, va a perjudicar a la imagen de la Justicia y a aquellos que están esperando un juicio desde hace años".
"El motivo lo conocemos, pero la consecuencia puede ser el paro y esa mala imagen para la Justicia, patrimonio de todos, y el perjuicio que acarreará para los ciudadanos", añadió en declaraciones a los medios al término de la reunión.
RECUPERAR LA FE EN LA JUSTICIA.
Por ello, Bravo afirmó que todas las propuestas que los responsables autonómicos han aportado se van a estudiar con el fin de que "ayuden a recuperar la fe en la carrera judicial y que el ciudadano no pierda la confianza en el servicio público".
Al respecto, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, aseguró que "ya no quedan más mejillas que poner" ante la "aparente rebelión" de algunos críticos con la Administración de Justicia, cuyas declaraciones son, a su juicio, "amenazas que están rayando algunos mandatos constitucionales".
Naranjo propuso en la reunión de hoy que los tres poderes del Estado firmen un manifiesto conjunto de unidad que demuestre a los ciudadanos que tanto representantes políticos como los órganos judiciales seguirán "trabajando para mejorar la Administración de Justicia".
Según sus palabras es necesario que la ciudadanía perciba que éstos se mantienen "unidos" y "sin fisuras" ante la "compleja y difícil" situación que atraviesa la Administración de Justicia, si se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
PARTICIPAR EN LAS DECISIONES.
Asimismo, indicó que en esta reunión el Consejo ha trasladado a las comunidades su intención de "abrir un diálogo" con ellas para "buscar soluciones a los problemas de la justicia" teniendo en cuenta que son una "pata importante" y tienen las competencias transferidas.
Al respecto, señaló que las comunidades han pedido que el Consejo "cuente con ellas" con carácter previo a la adopción de medidas "ya que las comunidades tienen que contar con unos presupuestos tienen que saber cuáles van a ser las iniciativas".
En este sentido, la consejera de Cataluña, Montserrat Tura, señaló que las comunidades han trasladado al órgano de gobierno de los jueces que quieren participar en las decisiones de aquellos asuntos que" incurran en competencias y presupuestos de la comunidad".
Además Bravo subrayó la importancia de "la concreción de las competencias que corresponden a cada uno" para abordar los problemas de la justicia. "Tenemos que conocer cuales son los problemas de cada uno y cuáles son nuestras competencias para asumirlas con garantías", agregó la portavoz del Consejo.
DIÁLOGO FLUIDO
Asimismo, la viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz, destacó "el diálogo intenso y fluido que el CGPJ tiene con el Gobierno de Canarias", así como con el resto de Comunidades Autónomas con competencias transferidas en este ámbito. En este sentido, Déniz resaltó que "ésta es la primera vez que el Consejo se reúne de manera colegiada con los representantes autonómicos, lo cual significa un cambio en la forma de entender la Administración de Justicia".
Todas las comunidades coincidieron en la necesidad de que este tipo de reuniones contara, además, con la presencia del Ministerio de Justicia, para que "se pudieran poner sobre la mesa todos los problemas que afectan a la Administración de Justicia de manera global y se pueda avanzar juntos en una misma dirección", insistió la viceconsejera.
En el transcurso de la reunión, se presentó el Plan de Modernización de la Administración de Justicia así como las medidas a corto y medio plazo sobre la jurisdicción mercantil. En este ámbito, Carolina Déniz insistió en la necesidad de adelantar la puesta en marcha del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas, previsto para diciembre de 2009, al 1 de abril, dado que "la previsión derivada de la crisis económica, evidencia la necesidad de contar con un nuevo juzgado de lo Mercantil lo antes posible".
