Clavijo defiende las medidas para afrontar la crisis de vivienda aunque asume que "no hay recetas milagrosas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes la batería de medidas aprobada por su Ejecutivo para afrontar la crisis de vivienda en las islas frente a la "parálisis absoluta" del 'Pacto de las Flores' si bien ha reconocido que "no hay recetas milagrosas".

En respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha defendido la "apuesta decidida" de su Ejecutivo con un aumento de más del 15% en el presupuesto de vivienda en 2026 hasta 197,4 millones, frente a la "herencia pobre" del Gobierno anterior.

Además, ha destacado la partida de 37 millones de euros para el bono de vivienda joven, el Plan Rural Life para el desarrollo de zonas rurales, la eliminación del IGIC, la bonificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los casi 81 millones que recibe Visocan.

"Va a mejorar el acceso a la vivienda pero el Estado tiene que cambiar la ley", ha agregado.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha indicado que la situación de la vivienda en Canarias es "crítica" y de hecho, ya era "bastante grave" en 2019 y el PSOE no se "afanó tanto" como con el pago de facturas a la "trama corrupta" vinculada a Ábalos y Koldo García.

Ha apuntado que hay familias de El Hierro que no consiguen vivienda en Tenerife o Gran Canaria para que sus hijos hagan estudios superiores, "trabajadores que alquilan caravanas" y profesores o sanitarios a quienes "les cuesta conseguir un alquiler" en las islas no capitalinas.

Casañas se ha preguntado por qué el 'Pacto de las Flores' "ha dejado este muerto a todos los canarios" y defendido que el Gobierno "ha hecho todo lo posible con medidas urgentes" de tipo fiscal, facilitando la concesión de licencias o habilitando "más recursos que nunca" para la construcción de vivienda.

El presidente del grupo popular ha insistido en que hay que "implicar a todas las instituciones" para que "puedan poner en marcha la maquinaria y promover viviendas", lo mismo que empresas públicas como Tragsa y Gesplan.