SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras en Canarias ha subrayado hoy, en un comunicado, que la clase trabajadora no ha contribuido "a un proceso de pérdida de competitividad, ni son causantes de la caída de la recaudación de los ingresos de las administraciones pública", señalando que no van a admitir "recortes" en la protección social de los trabajadores, ni de gasto público que afecten a la calidad y funcionamiento de los servicios públicos.
Los términos de CC. OO. son consecuencia de los datos sobre las estadísticas de paro en el archipiélago, conocidos hoy, y en los que se ha revelado que la región tiene la segunda tasa de paro mayor de toda España, sólo superada por Ceuta, y se sitúa por encima de la media en lo que a la destrucción de empleo trimestral se refiere a la vez que se erige como la comunidad autónoma con la mayor disminución respecto al mismo trimestre del año anterior de las personas ocupadas, después de Melilla. Comisiones Obreras defiende en un comunicado que, en la actualidad, existe una "falta de rotación en consumo e inversión derivado del elevado endeudamiento que solo se soluciona con el tiempo necesario para acumular vencimientos". "Asistimos a una restricción del crédito por crisis financiera y a un incremento en la morosidad bancaria por el efecto combinado de la subida en los tipos de interés, la pérdida de empleo y la devaluación en el valor de los activos inmobiliarios. Todo esto ha provocado un rápido deterioro de las cuentas públicas", ha explicado el sindicato en la nota.
CC.OO. Canarias insistió en que no admitirá "ningún" recorte en la protección social de los trabajadores y trabajadoras ni recortes importantes de gasto público que afecten "a la calidad" y funcionamiento de los servicios públicos. "De igual forma, no se debe admitir que se destinen fondos a avalar a quienes se han incrementado sus rentas con la especulación inmobiliaria y ahora se intenta que, por segunda vez, se pague la inevitable depreciación de unos bienes que se habían inflado artificialmente, comparándose con un libre funcionamiento del mercado que hoy se repudia", sentenciaron.
Reiteran que no secundarán planteamientos de querer mejorar el bienestar de las personas y las familias "con una mayor facilidad para el despido y una menor remuneración" para el factor trabajo y todo ello acompañado de una mejor tributación para los beneficios y para las rentas más altas.
Apuestan por la coordinación institucional basada en el consenso para impulsar medidas que aprovechen "las capacidades y sinergias del conjunto de las administraciones para paliar la situación". Pedirán, además, políticas económicas y sociales orientadas a mejorar la "calidad de vida de la población" y rechazarán las destinadas a "empeorar las condiciones laborales y aquellas dispuestas a colaborar con regímenes donde la falta de libertades convierte estos territorios en paraísos rentables para la inversión".