SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex-director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Francisco Amarillo, indicó que para sacar adelante la Ley de Desarrollo Sostentible del Medio Rural es necesario convencer a la población de que hay las mismas oportunidades en el ámbito rural que en las ciudades.
Amarillo hizo esta valoración en la ponencia inaugural del VII Coloquio de Desarrollo Local que se celebra en el convento de Santo Domingo de La Laguna (Tenerife) hasta el próximo sábado, 28 de junio y organizado por la Universidad de La Laguna.
El ex- director de desarrollo local subrayó que la tercera legislación, que se ha desarrollado en España, fue la reciente ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada el pasado diciembre, la cual calificó de "ambiciosa" ya que implicó en su redacción a prácticamente todos los ministerios. En ella, se hace también hincapié en el combatir el abandono del medio rural.
Para lograrlo, el especialista consideró que en imprescindible convencer a la población de que hay las mismas oportunidades en dicho ámbito que en las ciudades. Es una ley que se ha comenzado a desarrollar ahora, y que nace "con voluntad de pacto", ya que muchas competencias sobre el territorio recaen en las comunidades autónomas.
Amarillo resumió las diferentes legislaciones aplicables en España referidas a desarrollo rural: la de las comunidades autónomas, la europea y la española. Pero antes, quiso hacer varias distinciones semánticas y así aclarar cuestiones como la confusión que se da entre "rural" y "agrario". El segundo término se refiere a la actividad económica de la agricultura, pero el término "rural" abarca más.
Explicó que el desarrollo rural debía entenderse como una manera de complementar y, en ocasiones, corregir el desarrollo general. Así, puede ocurrir que una carretera una dos grandes ciudades pero que, en el proceso, deje separados a dos pequeños núcleos poblacionales. El desarrollo rural sería el que tendría que actuar en ese caso, para asegurar la conectividad de esos núcleos.
Sobre la legislación autonómica, el especialista señaló la gran importancia que tiene en España, hasta el punto de afirmar que, en el campo del desarrollo rural, tiene transferida todas las competencias en ámbitos tan cruciales como la ordenación territorial. Indicó que la materialización de estas normas se da de diferente manera según las comunidades, que van desde las que tienen una ley específica hasta las que regulan a partir de decretos concretos.
En cuanto a la legislación europea, el texto fundamental es el Reglamento de Desarrollo Rural aprobado en 2005, con vigencia entre 2007 y 2013, en cuyas negociaciones participó el ponente. Señaló que fue un texto difícil de consensual, dado que los intereses nacionales de un país y otro diferían. Además, resultó complejo determinar los diferentes criterios utilizados en la legislación por las grandes diferencias entre estados.
Aún así, se lograron acuerdos en torno a ejes básicos como la articulación de medidas para lograr que las explotaciones agrarias sean competitivas; fomentar políticas de conservación del medio natural, con especial atención a asuntos como los incendios forestales; y evitar la disminución de población activa en zonas rurales.