El Gobierno de Canarias fija los precios públicos del agua y la luz en los puertos de las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se establecen los precios públicos por la prestación de los suministros de agua y de electricidad en los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma y se fijan sus cuantías.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Martín Marrero, ha explicado que dicho suministro lo gestionará la entidad pública empresarial Puertos Canarios, que realiza actividades de prestación que se desarrollan en los puertos de titularidad autonómica para satisfacer las necesidades y operaciones portuarias.

Marrero indicó que dichos servicios se prestan en condiciones de seguridad, regularidad, eficiencia y no discriminación y entre ellos se encuentra, en particular, el suministro de agua y de electricidad a los usuarios.

La cuantía de los precios de este Decreto se refiere a la prestación del suministro de agua, que será el coste total de los metros cúbicos que la entidad suministradora factura al puerto, multiplicado por 1,36; y la prestación del suministro de electricidad, que resulta del coste total que el suministrador factura al puerto (kilovatio-hora), multiplicado por 1,29.

El portavoz señaló que estos suministros que se prestan a los usuarios portuarios tienen naturaleza de precio público, puesto que son susceptibles de ser ofrecidos también con el sector privado, y se satisfacen voluntariamente, al no ser de recepción obligatoria por los ciudadanos que los demandan.

Por lo tanto, aclaró que mediante el decreto que se ha aprobado hoy, se establecen los precios públicos por la prestación de estos suministros y se fijan sus cuantías, tras haberlo sometido al trámite de información pública.

Martín Marrero apuntó que los precios regulados en este texto están dirigidos a las personas físicas o jurídicas que soliciten suministro de agua y de electricidad en los puertos citados, además de a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición y que soliciten este servicio.

La gestión y el cobro de los precios públicos regulados en el presente decreto se llevará a cabo por la entidad pública empresarial Puertos Canarios.