Interventor del SCS cree que debió anularse el contrato con RR7 tras no recibir mascarillas con el primer pago

Francisco José Sánchez recurda un periodo "muy convulso" con discusiones para interpretar la contratación por emergencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El interventor delegado del Servicio Canario de Salud (SCS), Francisco José Sánchez, ha afirmado este lunes, a modo de "opinión" personal que el contrato suscrito con la empresa RR7 United, a quien se abonó cuatro millones en dos pagos de dos millones por la compra de un millón de mascarillas que no llegaron a recibirse, debió anularse después del primer pago.

"Una vez que ocurre el primer libramiento de fondos y no se atiende en el plazo prudencial lo que debería haberse procedido, es a una resolución del contrato, cosa que acontece ya con el segundo, no con el primero", ha señalado en una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias.

Sánchez, que ahora presta servicios en la Agencia Tributaria Canaria, ha señalado que se vivió un periodo "muy convulso" en el que estaba "justificado" que se abriera el procedimiento de emergencia para las contrataciones si bien ha reconocido que faltó diligencia para comprobar la solvencia de los proveedores "nuevos" que ofrecían material sanitario.

No obstante, ha señalado que en el caso de la empresa 'Soluciones de Gestión', implicada en el 'caso Koldo' y que facturó a la comunidad autónoma 12 millones, su solvencia quedó demostrada cuando en una semana fue capaz de satisfacer la demanda de mascarillas.

Ha señalado que desde la Intervención se detectaron "deficiencias" en varios contratos pero que tampoco eran suficientes para anularlos aparte de que había una "discusión no pacífica" a la hora de aplicar e interpretar el artículo 120 de la ley de contratos del sector público.

"Los órganos de contratación no estaban de acuerdo. El órgano de contratación siempre ha interpretado que el artículo 120 es una carta blanca, que prácticamente le habilita, por esas razones de emergencia, a adquirir bienes y servicios, incluso mediante contratación verbal", ha destacado, a diferencia de su criterio personal, que es más "restrictivo".

En esa línea ha indicado que la resolución de 6 de marzo de 2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación no estaba bien "encajada" por los órganos de contratación pues tramitaban los gastos como si fueran contratos menores.

"Sencillamente piden el suministro, piden el servicio, presentan factura, reconocen y abonamos, entonces, efectivamente, nosotros desde la Intervención sí apostamos que el 120 no es tramitación menor", ha relatado.

Además, tampoco ha compartido que en los contratos de emergencia suscritos en pandemia no hubiera dación de cuenta de la comunidad autónoma por "falta de tiempo", tal y como reconoce en sus informes la dirección de Recursos Económicos del SCS.

No obstante, ha reconocido que las "voces discordantes" empiezan en el segundo semestre de 2020, cuando aparecen las primeras investigaciones sobre los contratos.

LAS DUDAS INTERPRETATIVAS, "UN PROBLEMÓN"

"Directamente se aplicaba la doctrina o las tesis que siempre ha defendido el órgano de contratación del servicio, hay que prescindir de procedimientos, hay que adquirir, hay una razón de interés general, hay una cuestión de emergencia y efectivamente hay que prescindir de todo", ha señalado.

Sánchez ha sostenido, en cambio, que por mantener una "perspectiva de legalidad" se debió trabajar en tener una "garantía" de que la empresa que ofrecí material "se dedicaba al ámbito de esa actividad económica" y "podría acreditar" que había hecho el suministro.

Ha reconocido que esta diferencia de interpretación era un "problemón" porque tanto a la intervención como al órgano de contratación les faltaba "rigor interpretativo en la norma".

Ha dicho también que no tenía constancia de que el comité de gestión ordenaba las contrataciones de material pues, en su opinión, el "brazo ejecutor", en base a informes técnicos, era la Dirección General de Recursos Económicos.

Sobre el uso de fondos europeos ha explicado que no se pueden dedicar recursos del Feder para pagar gasto estructural aunque en un segundo momento sí se admitió cofinanciar a través del programa React-UE.

Con todo, ha reconocido que la estructura administrativa de la comunidad autónoma no estaba preparada para una pandemia y que, cara al futuro, sería bueno disponer de un "plan de acción" para tener todos los procedimientos por escrito.