El PSOE pregunta sobre las "cesiones" hechas a Calatrava frente al deterioro del Auditorio de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife preguntará en el pleno de la Corporación de este viernes acerca de las medidas y acciones que está adoptando el gobierno insular que preside Rosa Dávila frente a los responsables del estado en el que se encuentra el Auditorio de Tenerife, todo ello después de que este concediera una prórroga de doce meses al arquitecto Santiago Calatrava cuando estaba a punto de cumplirse el plazo de 19 meses exigido por el Cabildo bajo la presidencia del socialista Pedro Martín en mayo del año 2022.

El Grupo Socialista, según ha explicado su presidente, el propio Pedro Martín, considera que "ya está bien de darle facilidades" al arquitecto, como esta ampliación del plazo. Además, preguntará sobre si se han hecho otras concesiones, como la posibilidad de que subcontrate el encargo e, incluso, que pueda obviar determinados trabajos que se le exigían.

El Grupo Socialista ha explicado que en mayo de 2022 el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife requirió a Santiago Calatrava LLC la redacción, a su costa, del proyecto de ejecución de las obras por la situación del Auditorio. Se le imponía, además, un plazo de 19 meses, que finalizaría en enero de 2024 (ya que se le notificó en junio de 2022). Y se establecía un cronograma con fechas concretas.

"Sin embargo, cuando estaba a punto de cumplirse el plazo, en noviembre de 2023, el gobierno del Cabildo aprobó en Consejo de Gobierno una prórroga de doce meses para la redacción del proyecto, dilatando aún más la adopción de medidas en una infraestructura icónica para la Isla que tuvo un coste final de 74 millones de euros, cuando inicialmente este iba a ser de 26,7 millones", señalan desde el PSOE.

El Partido Socialista indica que al acceder al gobierno insular "se encontró con el Auditorio en una situación de deterioro, ante la que hubo de adoptar medidas diversas, inicialmente la mediación entre la dirección facultativa y las empresas que habían ejecutado las obras para realizar la rehabilitación. Al no conseguirlo, se contrataron servicios de seguimiento y control del material de la fachada para evitar daños a la población y se adoptó el acuerdo para requerir al arquitecto la redacción de un nuevo proyecto con plazos y un cronograma concreto, que el actual grupo de gobierno está dilatando en el tiempo".

El Grupo Socialista había presentado esta cuestión en la comisión plenaria de Cultura para su debate la semana pasada, pero el grupo de gobierno insular "buscó diversos argumentos reglamentarios para evitar su inclusión en el orden del día y su debate". Por este motivo la pregunta ha sido registrada de cara al próximo pleno, que tendrá lugar el viernes, de manera que sea respondida por la propia presidenta.