LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, garantizó hoy que "no habrá recortes" en el presupuesto en materia de empleo para pagar indemnizaciones de sentencias judiciales perdidas por la administración, como los 101 millones de euros que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al Ejecutivo regional a consignar como consecuencia del conflicto judicial que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde dentro del 'caso Tebeto' en Fuerteventura.
Así lo manifestó Rodríguez en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria para hacer balance de su departamento en los dos años de legislatura, aunque admitió que en las otras que dependen de su Consejería como Trabajo, Industria, Energía, Comercio y Consumo "es posible que haya algún tipo de recorte, pero no se sabe todavía".
"El Gobierno de Canarias ya ha aclarado que no va a haber recorte en las áreas prioritarias de atención a las personas como sanidad, educación, cultura y vivienda y en empleo", reiteró el consejero regional, que apuntó que "en otras áreas se tendrá que ver dónde se puede hacer un esfuerzo porque han caído los ingresos y hay que hacer frente a estas indemnizaciones".
A este respecto, recordó que en relación al 'Caso Tebeto' el Ejecutivo regional "ha solicitado el pago aplazado y fraccionado". "Estamos a la espera de que se resuelva", apuntó.
"Espero que esto se resuelva en las próximas semanas porque hay que estudiarlo. Depende de las resoluciones de los juzgados y de la financiación que está pendiente del Estado y cuando se cuadren los números habrá que resolver el 'sudoku'", apostilló.
En este sentido, confía en que el Gobierno canario "gane el pleito" del 'Caso Tebeto', que recordó que "se originó en enero de 1993 con otro gobierno que no era de Coalición Canaria".
Así, señaló que "desde 1993 no ha habido ninguna decisión administrativa del Gobierno regional que no esté ordenada por los tribunales de justicia". "La metedura de pata en concreto fue el 8 de enero de 1993 al darle una concesión en Tebeto a Canterías de Arucas y 20 días después caducarle la concesión que tenía Cabo Verde. Ése es el error administrativo que ha dado lugar a todo el proceso judicial que dura ya 18 años", sentenció.
Por ello, expresó su "deseo de que se gane el recurso porque es ahorrarle a los canarios 101 millones de euros".
