El Fiscal rebaja la petición de pena a Muñoz al eliminar la estafa pero mantiene tráfico de influencias y blanqueo

   LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio Fiscal ha retirado el delito de estafa que le imputaba al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz y le ha mantenido los de tráfico de influencias y blanqueo, lo que ha supuesto una rebaja de la petición de pena de siete años y nueve meses a

   Hoy se está celebrando una nueva sesión del juicio que salpica a Muñoz alrededor de la construcción del parque solar de Torremontalbo, a través de la sociedad Emfrisa (en la que su mujer era accionista) con el inicio de las conclusiones de las partes.

   El Fiscal ha modificado sus acusaciones y, así, al empresario acusado de mediar con Muñoz, A.G.R, le mantiene el delito de estafa, pero le retira el de blanqueo de capitales.

   Al otro acusado, A.G.C, le mantiene el delito de estafa; y a la mujer de Muñoz, C.M, le retira las acusaciones de estafa y blanqueo, y le considera exclusivamente participe a título lucrativo.

   Al abogado I.M, que se ha defendido a si mismo, le retira la acusación por estafa. En cuanto a los responsables civiles subsidarios, retira la responsabilidad a la sociedad Emfrisa y a Narrauvi, y la mantiene a Logroinversiones 2.000 y Provif.

   El Fiscal, que ha decidido aplicar la atenuante de dilaciones, ha visto acreditada una actuación administrativa ilegal auspiciada por Muñoz.

HECHOS QUE EL FISCAL VE RECONOCIDOS

   En su relato, ya definitivo, el fiscal entiende que A.G.R y Muñoz pidieron al alcalde de Torremontalbo que acelerase los trámites, y es que "tenían prisa porque eran participes de un parque que iba a dar importantes beneficios al amparo de la normativa de energías renovables, con un tarifa muy beneficiosa".

   Con la "decidida voluntad de acogerse a este régimen, si para ello había que torcer la voluntad de funcionarios se haría, y se hizo", ha relatado el Fiscal, quien ha visto en la Consejería de Industria "actuaciones, algunas de materia delictiva, aunque no se esté juzgando funcionarios".

   Ha señalado, como momentos concretos en los que se ve la influencia de Muñoz, cuando, en noviembre de 2007, "tuerce el criterio de Industria, que acaba fallando a favor del parque" aportando un "criterio determinante para la concesión de licencia de obras".

   También, cuando Provif "comienza ilegalmente a ejecutar el parque", ya que "comienza las actuaciones sin licencia" y Muñoz le asegura "que no habrá consecuencias".

   Por último, "cuando se presenta la certificación final de obra, que permite la puesta en marcha del parque sin la obra finalizada por influjo de Muñoz".

   "En todas las actuaciones se ha contado con la colaboración" de A.G.R "quien, por incompatibilidad de Muñoz, desarrollaba todas las actuaciones necesarias".

   En su relato ha señalado que, una vez que estaban listas las licencias, hacía falta el dinero y, para eso, se "engaña" a Bellomonte sobre el procedimiento de construcción del parque, de manera que se consigue dinero para "beneficiar a los socios de Emfrisa y a la sociedad de Muñoz y su familia" (Narrauvi).

   Para ofrecer más detalles de este relato, el fiscal se ha remontado a los inicios de Emfrisa, sociedad en la que sus partícipes no realizan aportaciones de capital más allá de la compra de acciones, y no les llega la información de que el parque va a costar más de lo que ellos pensaban al hacerse partícipes de la sociedad.

   "Sí lo sabe Muñoz", siguiendo la declaración del responsable de Iberdrola, quien manifestó que acudió a él para hablar del precio de enganche, ha señalado el Fiscal.

   "Esto acredita que son Muñoz y A.G.R quienes llevan el control de los asuntos de Emfrisa, control incompatible con el cargo de Muñoz", ha dicho.

   En mayo de 2007, se publica el decreto que establece la obligación de constituir avales. "Si Emfrisa sólo tiene capital social y tiene que garantizar con su patrimonio, o avales, la operación se agrava", ha relatado el Fiscal.

   En julio de 2007, ha seguido contando, se produce el colapso del sistema crediticio en todo el mundo. "Si ya era difícil que los bancos otorgaran crédito, ahora va a ser imposible", por lo que hacía falta inversores.

   Pasa el tiempo y, además, el parque se encuentra al borde de perder la posibilidad de beneficiarse del régimen retributivo del decreto de parques fotovoltaico. "Y el primero que es consciente es Muñoz", ha dicho.

   En verano de 2007, la sociedad de Muñoz y su familia (Narrauvi) compra parte de Provif, ejecutora del parque y empresa de A.G.R. Entonces, se reactiva la operación, "que había estado parada", presentándose en el Ayuntamiento de Torremontalbo Muñoz y A.G.R "como artífices de la operación".

   Industria emite "un informe incondicionado" propuesto por el jefe de servicio. "Este informe es ilegal porque va en contra de los actos de la administración", ha resaltado el Fiscal señalando cómo ese mismo informe, en primera instancia, fue rechazado. Todo, ha aseverado, "bajo la influencia de Muñoz".

   La falta de capital propicia la participación de Bellomonte. A.G.C "contacta con ellos porque tiene interés en conseguir alguien que compre los parques por la pérdida de expectativas del mercado".

   Se gana su confianza y Bellomonte accede sabiendo que había "contactos políticos" que facilitarían la gestión. "Sabía que la operación podía salir bien porque había esos contactos" y, de este modo, "pagó antes de revisar la documentación".

   Bellomonte, ha añadido el Fiscal, aportó el dinero para que A.G.R comprase las acciones del resto de participantes de Emfrisa que, sin haber hecho nada, recibían cinco euros por cada euro invertido y, por tanto, se mostraron más que satisfechos.

   "Muñoz se encargaba de solucionar problemas", ha destacado recordando la intervención de un testigo.

   Para el Fiscal, la obtención de lucro de Muñoz, "ilícito por el tráfico de influencias", y la venta de acciones, aún siendo esta última legal, incluyen el delito del blanqueo de capitales.

   El fiscal también se ha referido al hecho de que el proyecto de ejecución no estaba aprobado en mayo de 2008, y en la autorización administrativa habla de las obras preparatorias, definiendo que se centran en vallado y acondicionamiento del terreno, por lo que, al no estar lista esta autorización, A.G.R construyó "de forma ilegal" porque "se cuenta con el manto protector de que no va a ocurrir nada".

   Industria, alega el Fiscal, tiene conocimiento de ello, cuando un particular presenta alegaciones, "y no hace nada".

   En este punto, ha señalado, está la incoación de una causa paralela, dado que el certificado final de obra es de 26 de agosto de 2008 (con sello del colegio de Arquitectos del mismo día), dos días antes de la autorización administrativa aprobando el proyecto de ejecución, lo cual demuestra "que se ha ejecutado sin autorización", por lo que sería necesaria una inspección.

   El funcionario, incluso, "vuelve más tarde de sus vacaciones" para no firmar el expediente, y lo firma "quien no ha intervenido" en la gestión, "confiando en que el funcionario ha obrado correctamente" e, inmediatamente, pasan al director general, Florencio Nicolás.

   Por tanto, hay una actuación "ilegal" con una beneficio a la empresa constructora del parque y a la que la gestiona (Emfrisa y Provif) y "se ha comprometido la integridad de la función pública". Todo, cuestiones de las que considera culpable a Muñoz.

   En cuanto a la mujer de Muñoz, ha entendido que "firma lo que su marido le dice, pero no tiene noción ni conocimiento de las operaciones". Prueba de ello, ha añadido, es que no era consciente de que la operación podría comprometer patrimonio. "Lo cual no quiere decir que no se beneficie", ha añadido.