Aprobado el convenio con el CGPJ y la FRM para dar respuesta eficaz a familias en situación vulnerabilidad

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la prórroga del convenio
de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, el Consejo General del Poder
Judicial, y la Federación Riojana de Municipios con el objetivo de proteger a las
familias en situación de vulnerabilidad social que están afectadas por desahucios
de vivienda en propiedad o de alquiler.

Según ha detallado el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, el Gobierno de La Rioja facilita al Consejo General del Poder Judicial toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de servicios sociales y de vivienda, con el fin de que jueces y letrados estén correctamente informados.

Además, el CGPJ se compromete a colaborar con el Gobierno de La Rioja para generar un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas a través de este convenio.

Cabe destacar, que el Ejecutivo riojano a través del IRVI dispone de un amplio
parque de viviendas en alquiler dirigidas a los colectivos más vulnerables y a
precios asequibles, así como del Programa de mediación en materia de
ejecuciones hipotecarias.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El convenio define el protocolo de actuación para abordar de forma conjunta y
coordinada acciones que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad. De
este modo, se adoptarán las medidas de carácter informativo y formativo
necesarias para que los afectados conozcan el contenido del Código de Buenas
Prácticas Bancarias, así como del Programa Prioritario de Mediación Integral del
Gobierno de La Rioja gestionado por el IRVI.

En el caso concreto de los afectados por desahucio de una vivienda en alquiler, se
les informará además de los servicios y programas de servicios sociales de la
administración local, y se les ofrecerá un documento informativo para acceder a la
justicia gratuita.

Asimismo, cuando un Juez o letrado detecte, durante un procedimiento de
ejecución hipotecaria, una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social
informará de forma inmediata a la Dirección General de Justicia e Interior, que lo
trasladará a Servicios Sociales que una vez analizada la situación decidirá
intervenir, pudiendo dar traslado a la Consejería de Fomento y Política Territorial si
concurren los requisitos para su inclusión en los programas de vivienda social que
gestiona, o declinar la misma. En cualquiera de los casos la decisión se
comunicará al órgano judicial, que resolverá si procede decretar la suspensión del
lanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.

Finalmente, para garantizar el correcto funcionamiento del convenio se creará una
comisión de seguimiento que estará integrada por dos representantes del Gobierno
de La Rioja, dos del Consejo General del Poder Judicial y uno de la Federación
Riojana de Municipios.

BALANCE DE ACTIVIDAD 2018

La Dirección General de Justicia e Interior Expedientes ha impulsado 31
expedientes procedentes de diferentes juzgados: Juzgado de Primera Instancia N
2 de Logroño (8); Juzgado de Primera Instancia N 3 de Logroño (3); Juzgado de
Primera Instancia N 4 de Logroño (2); Juzgado de Primera Instancia N 5 de
Logroño (6); Juzgado de Primera Instancia N 6 de Logroño (1); Juzgado de
Primera Instancia N 7 de Logroño (4); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n 1 de Haro (3); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 2 de Haro (1);
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 2 de Calahorra (1) y Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n 3 de Calahorra (2).

En lo que se refiere al tipo de procedimiento, el 90,4 por ciento de las derivaciones de los juzgados de primera instancia de La Rioja tienen su origen en juicios verbales de desahucio por impago de rentas, (28 expedientes); el 3,2 por ciento de las derivaciones tienen su origen en ejecuciones hipotecarias (un expediente) y el 6,4 por ciento restante provienen de desahucios por precario con origen en ejecuciones de títulos judiciales u otras situaciones (2 expedientes).