La oposición rechaza la medida y pide a Martín que la retire
LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)
La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha afirmado que la resolución de las residencias de personas mayores que les exime a estos centros de penalidades por el incumplimiento de las ratios de personal "es transitoria, provisional y urgente" ante la falta de profesionales en el sector.
Martín ha realizado estas afirmaciones en una comparecencia parlamentaria, a petición propia, en la Cámara regional, donde ha destacado que la medida "no exime de sanciones" económicas, al tiempo que ha reconocido que se vayan a llevar a cabo "inspecciones mensuales" frente a las dos al año que se realizaban antes.
La consejera ha apuntado que es "un problema detectado, acreditado y no resuelto en la Legislatura pasada que se ha visto agravado por el contexto socioeconómico al que nos estamos enfrentando y, sobre todo, a la falta de profesionales sanitarios".
Ante este escenario, Martín ha señalado "está escuchando al sector, a los trabajadores, a los usuarios y a sus familiares". Se ha iniciado, "como fue compromiso del programa de buen Gobierno, un estudio poblacional que determine las necesidades del envejecimiento con los centros que son necesarios, su modelo y su ubicación, perfilando de esta manera un nuevo marco de asistencia sociosanitaria".
Mientras tanto, ha destacado la consejera "como medida excepcional y controlada, se ha actuado aprobando una exención de las penalidades establecidas por falta de personal en unos contratos administrativos, con ratios mucho más exigentes y difíciles de cumplir que los marcados en la Ley de Servicios Sociales, fruto de la modificación del acuerdo marco que regula los contratos con las residencias la pasada legislatura".
En este sentido, ha recordado que el Gobierno Regional "ya adoptó una resolución idéntica en 2021 por el mismo motivo -las dificultades para contratar médicos, enfermeras, gerocultores- Se trataba además de un momento en el que por la pandemia la situación de las residencias era aún más delicada que en la actualidad".
Martín ha indicado que las inspecciones se multiplican, pasando de dos a doce cada año La Ley vigente, que determina el número de profesionales que deben atender a las personas mayores, contiene sanciones ante posibles incumplimientos de 6.000 a 600.000 euros.
"Una Ley que garantiza la atención de calidad a las personas mayores y cuyo cumplimiento es sometido a continua inspección por parte de la Consejería, un control que incluso se va a incrementar pasando de un par de veces al año a uno mensual, mientras se dota al sistema de un nuevo Acuerdo Marco", ha asegurado la consejera en su comparecencia. Asimismo, se ha establecido la obligación de que las residencias acrediten su búsqueda activa de profesionales.
"Lo que queremos trasmitir a las personas mayores y a los familiares es tranquilidad. La administración está vigilando y velando por la estabilidad del sistema y por garantizar la atención de calidad que nuestros mayores merecen. Estamos actuando por responsabilidad y en beneficio de los mayores", ha asegurado.
En este sentido, la consejera ha concluido proponiendo que se huya "de sembrar entre la población, la duda y la preocupación".
Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, y preguntado si ha "faltado didáctica", Martín ha indicado que "reconozco que ni nos imaginamos que iba a haber esta reacción, sobre todo cuando ese problema se conocía, cuando ese problema está por escrito y es que ahora no nos pueden decir que no se conocía".
No obstante, ha indicado que de haber sospechado las reacciones
"probablemente sí que hubiéramos salido a explicarlo, como lo estamos haciendo ahora y como lo vamos a hacer, siempre que se necesite y siempre que nos lo pidan, porque creo que lo que vamos a hacer es mejorar el sistema de dependencia con esta medida y con otras muchas otras"
REACCIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha lamentado que Martín "viene a decir que ha tomado una medida para satisfacer las necesidades de las personas mayores y sus familias", algo que "en primer lugar, resulta ridículo, ya que reducimos personal para mejorar las condiciones en las que van a estar".
"Una segunda razón, que era para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, pero también les hacemos trabajar más porque hay menos personal y también parece ser que es una buena medida para ellos; y una última garantizar la viabilidad de las empresas, que no se trata de garantizar la viabilidad de las empresas, se trata de seguir permitiendo que las empresas sigan concursando a bajo coste, reduciendo personal y haciendo soportar los beneficios, en algunos casos millonarios que tienen, pues a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras", ha añadido Moreno.
Para la portavoz de Podemos-IU "necesitamos construir el sector de los cuidados como una cuestión de Estado y esto creo que es muy fácil, lo puedo hacer muy fácil", por lo que le ha reclamado que "retire esta medida y que se ponga a hablar y diseñemos un modelo de atención a mayores y a personas con discapacidad en nuestra comunidad y lo hagamos a través del Parlamento".
Por su parte, la diputada del PSOE, María Somalo ha lamentado que el Gobierno del PP "sea incapaz de escuchar el clamor que existe en contra de una Resolución que deteriora el servicio público y que es contraria a derecho".
Ha destacado que "es absolutamente incomprensible que el Gobierno de Capellán mantenga activa una Resolución que es contraria a derecho". De hecho, Somalo ha explicado que "la justicia riojana ha determinado recientemente que la falta estructural de personal en el ámbito sociosanitario no es causa legal para incumplir contratos administrativos y eximir de la imposición de penalidades; las sentencias dicen que no es causa de fuerza mayor".
La diputada Socialista ha recordado que el argumento que esgrime ahora el Gobierno del PP es que esta Resolución es algo 'temporal', pero "en ningún momento se apunta a la temporalidad de la medida".
Además, ha manifestado que "es lamentable que el Gobierno de Capellán alegue que esta medida ya se tomó en la pasada legislatura, cuando el contexto es radicalmente distinto". Somalo ha recordado que la Resolución del Gobierno anterior "no fue contestada ni cuestionada por nadie, ni objeto de recursos contenciosos como lo es está y tenía tasada su duración en tanto durase el estado de alarma y las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la pandemia". Además, "era mucho más restringida en cuanto al personal y al tipo de centros a los que afectaba".
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha asegurado que "este tema no es nuevo, que ya se hizo por el Gobierno de La Rioja, concretamente en el año 2021, con una resolución que es calcada, a la que se ha publicado hace unos días, y en un momento en el que consideramos que era aún de mayor necesidad de médicos y de enfermeras en las residencias y en los centros de día".
Ahora, ha añadido "lo que se ha hecho ahora es una medida excepcional, es una medida transitoria y es una medida que se contempla por la Ley de contratos del sector público, porque se pueden eximir de estas cuestiones cuando no sea por responsabilidad del contratista y, por tanto, se puede llevar a efecto".
Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha señalado que su formación "rechaza la resolución por completo, porque entendemos que hay un problema de personal, un problema grave en general, pero no se solucionan así las cosas".
"La ley está para cumplirse y, sobre todo, desde una Consejería, para hacerla cumplir, que es lo más importante en este caso", ha concluido.
