MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Casi 900.000 madrileños viven ya por debajo del umbral de pobreza y el 20 por ciento de los contribuyentes de la Comunidad más ricos acapara el 58,2 por ciento de todos los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe 'La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre'.
Así, desde el inicio de la crisis a finales de 2007, 294.714 madrileños han pasado a vivir por debajo de este umbral hasta los 896.801, lo que supone un aumento del 48,9 por ciento solo inferior al de Navarra (52,8%).
A nivel nacional, el 20 por ciento de los españoles acapara el 44 por ciento de todos los ingresos y algo más de dos millones de personas han pasado a vivir por debajo de este umbral, hasta los 9,3 millones, lo que supone un aumento del 28,8 por ciento.
El 80 por ciento restante de los madrileños, pese a ser un número de contribuyentes cuatro veces superior, apenas acumula el 41,8 por ciento de los ingresos, lo que, según Gestha, pone de manifiesto la existencia de un "alto nivel de desigualdad social y económica" en la Comunidad. A esto se suma que el 20 por ciento de los declarantes "más pobres" solo represente el 7 por ciento de los ingresos totales.
LA COMUNIDAD CON LA RIQUEZA PEOR REPARTIDA
Según el índice de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no -siendo cero el valor más equitativo y 1 el más desigual-, el registro español se sitúa en un 0,32, lo que supone un nivel elevado para un país como España, que teóricamente se encuentra entre los países más desarrollados.
Este coeficiente varía sustancialmente en función de las distintas comunidades autónomas analizadas, siendo Madrid la que presenta mayores brechas de desigualdad (0,43) seguida de Cataluña (0,34), al concentrar ambas el mayor número de grandes fortunas.
Para frenar esta situación, los Técnicos del Ministerio de Hacienda proponen intensificar la lucha contra el fraude y enfoncarla en investigar la evasión protagonizada por las grandes fortunas y grandes empresas, que concentran el 71,8 por ciento del fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.
Al mismo tiempo, Gestha aboga por crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al cien por cien de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo. De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales, según sus cálculos.
En este sentido, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha señalado en la presentación del informe que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".
A este objetivo también ayudaría una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que dedicara más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80 por ciento de los recursos "a lo más fácil", investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un mayor control de la eficiencia del gasto público.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "si se adoptaran estas medidas, y se redujera la elusión de las grandes fortunas y multinacionales, el sistema fiscal contribuiría a reducir la desigualdad por el efecto redistributivo que debería tener el sistema fiscal, en general, y el IRPF en particular".
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