La empresa concesionaria Emesa, responsable de los trabajadores, recibirá del Ayuntamiento 10.000 millones en 35 años, según IU
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Movilidad y vicepresidente de Calle 30 --la empresa mixta que gestiona la M-30--, Fernando Autrán, aseguró hoy que la huelga de empleados de emergencias de primer intervención de la empresa Emesa, encargada del mantenimiento de la carretera, no incidirá en su seguridad.
Tras la clausura de las Jornadas Iberoamericanas de Seguridad, Autrán, aclaró que la seguridad de la vía está "plenamente garantizada" por Policía, Bomberos, Samur y Protección Civil y en situación de huelga "no afectará en calle 30 ni en la infraestructura y la empresa decretará servicios mínimos en el mantenimiento".
"La Inspección de Trabajo no encontró ni existe ningún motivo de inseguridad laboral. Además, no podemos entrar en mediar en las relaciones laborales entre empresas derivadas de una relaciones puramente mercantiles. Tendrá que resolverlo la empresa, ya que el Ayuntamiento, jurídicamente, no puede intervenir en relaciones privadas", indicó.
No obstante, Autrán informó que la Inspección de Trabajo "no encontró ni existe" ningún motivo de inseguridad laboral, que es de lo que acusan los trabajadores a la empresa. Además, se extrañó de que exista conflictividad laboral porque "en junio se firmó un acuerdo entre los trabajadores y la propia empresa".
"Nosotros realizamos periódicamente una actividad de control, la empresa nos remite informes sobre la situación de mantenimiento de los túneles y velamos por los contratos firmados", precisó.
Los 80 trabajadores especialistas en incidencias de la M-30 se quejan desde hace varios meses de falta de seguridad en sus puestos y de falta de recursos, entre otras cuestiones, por lo que requirieron la intervención de la Inspección de Trabajo. Según informó hoy CC.OO, los trabajadores iniciarán una huelga indefinida el próximo 6 de noviembre por el incumplimiento del pliego de condiciones establecido por el Ayuntamiento de Madrid.
Los trabajadores exigen que se regulen sus condiciones laborales según la labor que desempeñan en la empresa y no bajo el convenio de la construcción como hasta ahora, ya que esto ha supuesto atrasos salariales por diversos conceptos, menor retribución por categorías y que no se cumplan las medidas de prevención y habitabilidad de las instalaciones en el caso de los bomberos.
LA OPOSICIÓN HABLA DE INSEGURIDAD
Por el contrario, los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Madrid cuestionaron durante la Comisión de Seguridad y Movilidad celebrada esta semana la seguridad de la M-30 ante cualquier tipo de incidencias por el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de primera intervención de emergencias con Emesa.
El concejal municipal de Izquierda Unida Ángel Lara reveló que Emesa recibirá del Ayuntamiento de Madrid 10.000 millones de euros durante 35 años por dicha concesión, pero acusó al Consistorio de permitirle incumplir "sistemáticamente" el pliego técnico en plantilla, dotaciones, cualificación profesionales y en los protocolos de intervención, "lo que influye muy directamente en la buena seguridad en los túneles".
"Ante las denuncias de los trabajadores ante la Inspección de trabajo, la empresa respondió con una acción de castigo, poniendo a todos los efectivos a dar vueltas con la furgoneta, dejando las bases de control de incidencias solas. Ahora, cuando se produzca una incidencia, van a tener que vulnerar la velocidad máxima en los túneles porque, además, la empresa les condena a pagar la multa", indicó Lara.
Por su parte, el concejal socialista Ramón Silva afirmó que la empresa Emesa actúa "al borde de la delincuencia" en el trato a sus trabajadores y reiteró que les castiga a "recoger papeles cuando deberían estar en sus bases", que "va en contra de la seguridad de todos los madrileños". Por ello, solicitó al Ayuntamiento que no firme las certificaciones que le remite mensualmente la compañía y que tome medidas, incluso descontándole parte de lo presupuestado en próximos pagos.
